En reacción al accidente ocurrido en Chiapa de Corzo, Chiapas, en el que murieron 55 personas migrantes que viajaban en la caja de un tráiler, los gobiernos de la región anunciaron una investigación conjunta para dar con los responsables, y plantearon el endurecimiento de la lucha contra las “redes internacionales de tráfico de personas”.
Rodeado por una delegación de funcionarios de Guatemala, así como por el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y los embajadores de Ecuador, Honduras y República Dominicana, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón leyó un comunicado conjunto en el que se planteó la creación de un “grupo de acción inmediata” para “investigar, identificar y aprehender” a los integrantes de la red de tráfico de personas involucrada en el accidente de ayer.
“Condenamos las acciones criminales de las redes internacionales de tráfico de personas”, destacó, y añadió: “No permitiremos la impunidad”. De acuerdo con las medidas acordadas por los gobiernos firmantes, “cada país llevará a cabo la investigación en su territorio” para desarticular la red.
Con un tono todavía más bélico, el canciller guatemalteco Pedro Brolo Vila hizo un llamado a los gobiernos de la región a “endurecer las penas contra el tráfico de personas” y urgió el gobierno de Estados Unidos a incluirlo como delito federal, como parte del tratado de extradición.
En una metáfora de dudosa inspiración, el funcionario guatemalteco planteó la necesidad de “construir muros de prosperidad” para “luchar contra la migración irregular” –en eco con las políticas antimigrantes de Donald Trump– y soltó: “Quiero enviar un mensaje a los afectados por esta tragedia: no están solos, estamos con ustedes, vamos a brindarles todo el apoyo”.
En la caja del tráiler que se accidentó ayer en Chiapa de Corzo viajaban entre 105 y 150 personas –según las fuentes– principalmente originarias de Guatemala, pero también de República Dominicana y Ecuador. El conductor perdió el control del vehículo en una curva, por lo que la caja se desprendió y volcó en la carretera, con las personas a bordo.
Hoy, más allá de las lamentaciones públicas de los representantes del Estado –entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, el propio Ebrard o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)–, el trágico hecho provocó una ola de reacciones de indinación entre defensores de derechos humanos, quienes denunciaron que el tráfico de personas en condiciones inhumanas es producto de una política migratoria fallida, basada en el despliegue de soldados de la Guardia Nacional a las fronteras para impedir el paso a las personas que desean llegar a Estados Unidos.
“La militarización de las fronteras y de las rutas, y la falta de acceso a procedimientos de asilo y regularización migratoria obliga a las personas migrantes a arriesgar sus vidas e integridad en un tránsito cada vez más peligroso”, lamentaron 41 organizaciones y 11 comités de familias de personas desaparecidas, en un comunicado conjunto.
“Lo denunciamos, todo esto sucede en medio de rutas y fronteras militarizadas, que obliga a las y los migrantes a caer en manos de traficantes de personas, NO buscan una migración segura y ordenada, el Estado fuerza a una migración traficada, que vulnera y asesina a seres humanos”, deploró Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano.
Fuente: Agencia Nodal/Proceso
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