Con once votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por la parlamentaria Patricia Juárez Gallegos (FP), aprobó este sábado 9 el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa de ley, que había sido observada por el Poder Ejecutivo, que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú.
De esta manera, la iniciativa establece, en su único artículo, “que la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del consejo, de plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del artículo 132 y al artículo 133 de la Constitución Política del Perú, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de Gobierno, no encontrándose, entre ellos, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos».
Además, en su disposición complementaria final, señala que “la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso. El resultado de la votación es comunicado expresamente al Poder Ejecutivo, mediante oficio, para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de la votación”.
Durante el debate, la presidenta del grupo de trabajo, Patricia Juárez, se refirió a las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo. «En ese sentido, se procedió a analizar los argumentos y el sustento constitucional de cada una de las observaciones, llegándose a la conclusión, en cada caso, de que estas se originan en una errónea interpretación del contenido de la ley aprobada por el Congreso, y además se sustenta en un análisis incompleto de la jurisprudencia constitucional», expresó.
Señaló que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no es una reforma constitucional, sino es una ley de desarrollo constitucional. «¿Qué dice la Constitución Política del Perú sobre el Tribunal Constitucional? Dice que es el órgano de control de la Constitución, en ninguno de los artículos relativos a este órgano, se dice que el Tribunal es el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú», sostuvo.
El parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) señaló que los argumentos observados por el Ejecutivo han sido ampliamente debatidos en la comisión y el Pleno.
«Ya hemos discutido también en esta comisión la imposibilidad de poder hacer una cuestión de confianza sobre reformas a la Constitución, más aún cuando el presidente de la República no puede ni siquiera observar las leyes y las reformas aprobadas por el Congreso», indicó.
Por su parte, el legislador Wilson Soto Palacios de Acción Popular aseveró que los congresistas por mandato constitucional interpretan la Constitución y la ley en cada uno se los actos que impulsan para no transgredirlo.
Los parlamentarios Eduardo Salhuana Caviedes (APP), Ruth Luque Ibarra (Juntos por el Perú), Flor Pablo Medina y José Jeri Oré (Somos Perú-Partido Morado) se mostraron en contra de la votación por la insistencia y señalaron que no contribuye a la restauración social y de diálogo.
A su turno, la legisladora Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País) afirmó que como congresista tiene el deber de defender el fuero parlamentario y la institucionalidad del Congreso y otros poderes del Estado. El legislador Héctor Ventura Ángel (Fuerza Popular) coincidió con su colega y dijo que es una oportunidad de darle confianza y gobernabilidad para el bienestar político y económico al país.
Por su parte, el congresista Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) indicó que se debe buscar la pacificación y que la norma en su contenido delimita las funciones exclusivas excluyentes de cada poder del Estado. «Justamente, el no respetar estas competencias es lo que ha generado una confrontación política en nuestro país», sostuvo.
A su turno, la congresista Gladys Echaíz De Núñez (Alianza Para el Progreso) señaló que el Congreso tiene funciones establecidas. «Nosotros venimos cada cual en su comisión tratando de hacer lo mejor que puede, y no para generar o crear conflictos, sino en busca de encontrar la estabilidad que se necesita para que todos podamos trabajar con la seguridad y tranquilidad que el país demanda», dijo.
JNE
Posteriormente, la comisión aprobó, por unanimidad, el dictamen presentado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual propone la Ley que incentiva la participación de miembros de mesa y establece reglas electorales aplicables para las Elecciones Regionales y Locales del año 2022.
Según la propuesta, plantea que los ciudadanos que cumplan la función de miembros de mesa de sufragio el día de la jornada electoral recibirán una compensación monetaria correspondiente al 2.5 % de la UIT. La ONPE tendrá a su cargo el pago y la distribución del incentivo, así como la regulación de diferentes modalidades de pago destinadas a facilitar su cobro.
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