La Comisión Permanente del Congreso otorgó el plazo de quince días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación pertinente y presente el informe final respecto de siete denuncias constitucionales (una acumulada), declaradas procedentes.
La decisión fue tomada en la sesión que realizó este órgano parlamentario en su sesión realizada el viernes 6, dirigidos por su presidente Manuel Merino de Lama.
Ello en cumplimiento del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, respecto al procedimiento de acusación constitucional.
La primera a la que se le concedió ese plazo fue a la Denuncia Constitucional 342, formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el exmagistrado del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila Grados, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, contemplados en los artículos 385 y 400 del Código Penal, respectivamente. Fue con 25 votos a favor y 1 abstención.
Igual suerte tuvo la Denuncia Constitucional 368, formulada por la fiscal de la Nación contra el excongresista Héctor Becerril Rodríguez por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, tipificado en el artículo 400 del Código Penal. El acuerdo se tomó con 23 votos a favor.
Así también se le otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que realice la investigación y presente el informe final respecto de la Denuncia Constitucional 371, formulada por la fiscal de la Nación, contra el ex contralor general de la República, Édgar Alarcón Tejada, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado, previsto en el artículo 401 del Código Penal. Fue con 17 votos a favor y 5 abstenciones.
El mismo plazo fue otorgado a la Denuncia Constitucional 372, formulada por la fiscal de la Nación contra Édgar Alarcón Tejada, por la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación agravada, tipificado en el artículo 387 del Código Penal. El acuerdo se tomó con 16 votos a favor y 7 abstenciones.
Igual suerte tuvo la Denuncia Constitucional 377, formulada por la fiscal de la Nación contra la excongresista Lizbeth Robles Uribe, por la presunta comisión de los delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificados en los artículos 382 y 399 del Código Penal, respectivamente. Fue con 22 votos a favor y 1 abstención.
Finalmente, con 23 votos a favor y 1 abstención, se le otorgó el mismo plazo a la Denuncia Constitucional 379, formulada por la fiscal de la Nación contra el excongresista Clemente Flores Vílchez, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias, contemplados en los artículos 394 y 400 del Código Penal, respectivamente.
DENUNCIAS CONTRA SALAVERRY
La Comisión Permanente también otorgó el plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que en 15 días hábiles realice la investigación y presente el informe final respecto de las denuncias constitucionales acumuladas 284, 344 y 375, presentadas en contra del excongresista Daniel Salaverry Villa.
Cabe precisar que la Denuncia Constitucional 284 fue formulada por el ciudadano Carlos Ernesto Quispe Gonzáles y el informe de calificación declara procedente la denuncia contra el excongresista, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 428 del Código Penal.
La Denuncia Constitucional 344 fue realizada por la excongresista Janet Sánchez Alva por el presunto delito de falsedad genérica, tipificado en el artículo 438 del Código Penal, y la Denuncia Constitucional 375, formulada por la fiscal de la Nación, por los presuntos delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica, tipificados en los artículos 387, 428 y 438 del Código Penal, respectivamente.
En los extremos de las denuncias constitucionales, que fueron declarados improcedentes, pasaron al archivo.
RETORNO A LA SUBCOMISIÓN
A pedido del congresista José Luis Ancalle, la Denuncia Constitucional 258, formulada por el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos, contra la excongresista Marita Herrera Arévalo, por supuesta comisión del delito de falsedad ideológica, sancionado en el artículo 428 del Código Penal, retornó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para mayor estudio.
POSTERGADOS
Fueron postergados para una próxima sesión los informes finales respecto de las Denuncias Constitucionales 2, 20 y 266. “Habiendo escuchado a los legisladores y atendiendo a lo señalado por el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se posterga los informes finales para un mayor estudio y una mejor decisión a los archivamientos propuestos”, dijo Merino De Lama.
Igual suerte tuvieron los informes de calificación de 17 denuncias constitucionales, declaradas improcedentes, al ser postergados para ser revisados en una próxima sesión.
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