Las organizaciones que forman parte de la campaña Búscalas expresaron su preocupación por el incumplimiento de las autoridades en la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que según anunció el premier Walter Martos, en el Congreso, debía estar operativo el 7 de octubre.
La Defensoría del Pueblo ha informado que entre enero y agosto de este año se reportaron 3 568 denuncias de niñas y mujeres desaparecidas en el país, cifra que muestra una tendencia creciente y alarmante. En ese escenario, la implementación del sistema de búsqueda, que implica el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Portal de Personas Desaparecidas, la Línea 114, y el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (SISMATE) señalan no puede prolongarse más.
La desaparición diaria de mujeres es una forma clara de violencia basada en género, que las expone a la violencia sexual, trata y feminicidio. Por ello para las activistas la falta de una debida diligencia y la indiferencia del Estado para encontrarlas, así como la ausencia de un sistema de búsqueda integral y con enfoque de género, perpetúa un mensaje de impunidad y afecta la vida de miles de mujeres.
“El Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas lleva esperando más de 17 años, tras la promulgación de la Ley 28022. Sin este elemento de nuestro sistema de búsqueda, se niega el reconocimiento de esta problemática, así como la ejecución de políticas nacionales para responder a los casos de niñas, niños y mujeres desaparecidas”, dijo Katherine Soto, fundadora de Mujeres Desaparecidas Perú.
¡BÚSCALAS!Bajo el lema ¡Búscalas!, Amnistía Internacional, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y la organización Mujeres Desaparecidas Perú se unen en una campaña para erradicar esta grave violación de derechos humanos, sensibilizar a la sociedad y a los servidores públicos sobre este problema, y demandar al Ejecutivo la implementación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Portal de Personas Desaparecidas, así como de un protocolo interinstitucional específico de actuación para los casos de mujeres desaparecidas, que garantice una investigación inmediata, con enfoque de género.
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