A partir de la fecha, embarcaciones pesqueras extranjeras deberán contar con un equipo de seguimiento satelital aprobado por PRODUCE para ingresar a puertos peruanos.
En los últimos cinco años, el Perú habría perdido en divisas, unos US$425.00 millones por la pesca ilegal de la pota en nuestro mar territorial.
El Presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (S.N.I.), Alfonso Miranda Eyzaguirre afirmó que la publicación del Decreto Supremo Nº 016-2016-PRODUCE, permitirá a nuestro país combatir de manera eficaz la pesca ilegal de nuestros recursos marinos, especialmente la pota que, después de la anchoveta, es el segundo en importancia, dentro de nuestras 200 millas marinas.
La norma legal publicada hoy en el diario El Peruano indica que para el arribo de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera a puertos nacionales, que realicen operaciones fuera del dominio marítimo del Perú, los armadores o sus representantes legales en el país, deben cumplir con las condiciones siguientes:
a) El Estado del pabellón de la embarcación pesquera debe ser miembro o participante obligado de Organismos Regionales de Ordenación Pesquera.
b) La embarcación pesquera debe encontrarse autorizada para operar en el ámbito de dichos organismos regionales, de ser el caso.
c) La embarcación no debe figurar en una lista definitiva o final de embarcaciones que hayan incurrido en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de Organismos Regionales de Ordenación Pesquera.
d) Tratándose de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que realizan actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos transzonales o transfronterizos en alta mar, tener operativo el Sistema de Seguimiento Satelital – SISESAT, del Ministerio de la Producción, y transmitir a su centro de control, su posicionamiento satelital de los últimos seis meses anteriores a su reporte de ingreso.
Al respecto, Alfonso Miranda Eyzaguirre destacó la medida que obliga a las embarcaciones extranjeras que deseen ingresar a puertos peruanos para reparaciones, trasbordo o avituallamiento a tener obligatoriamente un sistema de seguimiento satelital (SISESAT) compatible con el del Ministerio de la Producción (PRODUCE), para que se pueda comprobar si la nave ha efectuado faenas ilegales de pesca en nuestro mar territorial.
“De esta manera, el Perú cuenta a partir de ahora con una medida de combate de la pesca ilegal que nos pone a la vanguardia en el control y monitoreo de flotas y en línea con las recomendaciones de los organismos regionales de ordenamiento pesquero del mundo”, manifestó.
Añadió que la pesca ilegal de la pota ha venido perjudicando seriamente a toda la cadena productiva, desde el pescador artesanal hasta las plantas procesadoras.
El dirigente empresarial precisó que por la pesca ilegal de la Pota, el Perú habría perdido en divisas, 85 millones de dólares por año o US$425.00 millones en los últimos cinco años.
“Hay más de 500 barcos que siguen la ruta del calamar, o sea, Argentina, Chile, Perú y Ecuador”, denunció.
Miranda Eyzaguirre elogió los esfuerzos del gobierno, especialmente del Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la Mesa Ejecutiva de Desarrollo del Sector Pesquero por los recientes resultados obtenidos, donde señaló la mejora en competitividad que representa la modificación del control de contaminantes y el programa piloto para el procesamiento de materia prima importada.
Indicó que este es un trabajo que se viene realizando desde hace varios años, y valoró la participación de las actuales autoridades del sector Producción.
El dirigente empresarial señaló que la pesca y acuicultura para consumo humano se ha propuesto duplicar sus exportaciones y aumentar los empleos que genera a más de 200 mil puestos de trabajo, una vez superada la crisis sanitaria por el COVID-19 y que se atiendan algunas propuestas sobre pesca y acuicultura presentadas al titular de PRODUCE.
Finalmente, el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la S.N.I. agregó que queda pendiente resolver el problema generado por el desconocimiento de algunas autoridades de la Ley de Promoción del Atún del 2007 (Ley 28965).
Adicionalmente, pidió la publicación de un decreto supremo que permitiría el control de los procesos, tal como lo hacen las potencias pesqueras del mundo, en beneficio de la facilitación del comercio, el mismo que se encuentra en su fase final de elaboración.
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