El congresista Aron Espinoza Velarde (Podemos Perú) sostuvo y ratificó, en la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, su denuncia por los cobros excesivos que las clínicas privadas habrían realizado por las pruebas moleculares efectuadas a sus clientes para detectar el COVID-19 y que son realizadas gratuitamente por el Instituto Nacional de Salud (INS).
Como se sabe, la Contraloría General de la República halló en su visita de control al INS que esta institución entregó y procesó de manera gratuita pruebas moleculares para detectar 19 746 muestras biológicas remitidas por centros de salud privados de Lima, y éstos habrían efectuado cobros que oscilarían entre los 422,72 y 576,61 soles.
Precisamente, la Comisión que preside el congresista Edgar Alarcón Tejada (Unión por el Perú), invitó a los titulares del INS, de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), para que detallen su participación en lo hallado por la citada visita de la Contraloría General de la República.
Espinoza Velarde manifestó que si no hubiera realizado la denuncia el 5 de mayo último nada se sabría de esta situación, y denunció que hasta la fecha nada se ha hecho. Exhibió de inmediato una serie de documentos para demostrar que el INS entregó 664 medios de transporte viral en diferentes periodos a los establecimientos privados, y ello, a su parecer, demuestra que las pruebas salen hacia estas entidades directamente.
Al respecto, el titular del INS, César Cabezas Sánchez, respondió que hisopos y medios de transporte sí se entregan a los establecimientos privados. Su entidad hace las pruebas, dijo, gratuitamente y sin distinción alguna, y esta función está sustentada en resoluciones ministeriales y decretos supremos
Cabezas incidió en que esos medios de transporte se han entregados a públicos y privados; el procesamiento vehicular se hace también hacia doce laboratorios regionales. Mientras que los seis laboratorios privados que están facultados a trabajar pruebas compran y utilizan sus propios insumos.
Mencionó que, de acuerdo con la Resolución Ministerial 193-2000, a cada paciente sospechoso se le hace la prueba rápida o molecular, esta prueba va al INS, o a uno de los laboratorios permitidos, y los resultados son publicados en el portal NETLAB.
Sobre las denuncias, exhibió una línea de tiempo, en donde resalta que apenas se efectuó la denuncia del congresista Arón Espinoza Velarde, solicitó la Contraloría General de la República inicie una acción de control concurrente.
Sin adelanto de opinión
El superintendente nacional de Salud (Susalud), Carlos Acosta Saal, informó en su exposición que se encuentra en curso una investigación preliminar en torno a la facturación emitida por las clínicas, ya que a pesar de que el análisis de las pruebas es gratuito, estas entidades cobran un valor agregado que significa una valoración de gastos considerable.
Estableció una diferenciación entre los presuntos cobros indebidos o excesivos en el marco del Covid-19. Precisó que indebido es si se cobró por el procesamiento de pruebas que hizo el INS; y excesivo, si, teniendo el insumo, los servicios complementarios tiene precios elevados respecto al precio de mercado.
Acosta señaló que es necesario saber también si el usuario no fue informado previamente, y pudo haber un aprovechamiento de posición de dominio o no se publicaron los precios o no se cumplió con el protocolo establecido para toma de pruebas moleculares.
En cuanto al inicio de las investigaciones, trazó un cronograma de acciones (pedido de información, análisis de la misma, trabajo de campo, informe por cada prestadora, notificaciones) que demandaría cuarenta días hábiles. Precisó que hay 102 clínicas incursas en esta investigación: el 86 por ciento de ellas se concentran en Lima, y se ha oficiado a 53 de ellas para solicitar los componentes de su facturación.
En cuanto a la posible comisión de infracciones, de probarse, los establecimientos privados recibirían una amonestación o multa inicial de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), y si se infringe el artículo 18 de la Ley 26571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, hasta 500 UIT.
«Naturalmente, de esta situación, continuó, podría desprenderse acciones posteriores en Indecopi y el Poder Judicial», refirió
Por su parte, la directora general de Cenares, Rocío Espino Goycochea, hizo una exposición sobre su función de recepción de bienes. Y en cuanto al caso de las pruebas moleculares, su entidad, dada la complejidad de estas pruebas, en lo que es distribución de pruebas rápidas a nivel nacional previa al pedido del INS, hay tres órdenes de compra; el INS arma los kits.
Sanciones severas
El congresista José Ancalle Gutiérrez (Frente Amplio) señaló que es repudiable la actitud de las clínicas privadas involucradas en este tema, pero que se debe entrar a una etapa de reconocimiento de errores, de parte de funcionarios, «nosotros mismos y la ciudadanía, y unirnos para poder batallar no podemos pedir un corte sabiendo que amigos y optan por estas clínicas».
«La denuncia merece una acción inmediata de parte de las autoridades, pero no deben romperse ningún mecanismo. Incisivos en sancionar, Siempre ha ocurrido así No todo está mal. Hay acciones que se están haciendo su trabajo Tenemos que reconocer algunas acciones que se están haciendo a favor de la población», indicó
El parlamentario Marco Pichilingue Gómez (Fuerza Popular) fue mucho más crítico al decir que las clínicas “han actuado de manera casi delincuencial”, lo que demuestras que los expositores no asumen su responsabilidad. «La población espera de sus autoridades que los recursos sean utilizados eficientemente. Todos piden disculpas, es un común denominador»
La congresista Carolina Lizárraga Houghton (Partido Morado) hizo una serie de cuestionamientos, como por ejemplo quiso saber cuántas denuncias ha recibido durante el periodo de emergencia, cuántas sanciones ha impuesto Susalud a las empresas prestadoras durante la emergencia; a cuánto ascienden las multas si lo han hecho.
La respuesta de Acosta Saal fue que en el año 2017 se recibieron 79 820 quejas; en el 2018, 83 mil; en el 2019, 159 mil; y de enero a mayo de 2020, van 56 mil quejas. De esas quejas, para el episodio de pandemia marzo 27 819 pedidos de intervención, 16 mil temas a COVIOD-19. Todo esto en un escenario progresivo de saturación de servicios.
El presidente de la Comisión, Edgar Alarcón Tejada, preguntó si se sigue trabajando con las clínicas denunciadas, y si se sigue recibiendo pruebas de estas. La respuesta fue que, de acuerdo a una política pública, no puede limitarse el procesamiento. «Si hay un paciente sospechoso, y requiere un diagnóstico, se tiene que hacer. El cobro indebido es otro tema».
A una pregunta de la legisladora Nelly Huamaní Machaca (Frepap), el titular de Susalud sostuvo que las sanciones que reciban las clínicas que han incurrido en estos hechos serán las más severas posibles, lo que incluiría, incluso, la devolución de los costos. “Seremos inflexibles, t agradeceré que ustedes nos fiscalicen para que éstas se cumplan”.
El parlamentario César Gonzales Tuanama (Somos Perú) indicó que hay tantas y tan graves irregularidades, que debe crearse una comisión investigadora para determinar las responsabilidades de estos hechos, y terminada la emergencia sanitaria interpelar al ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía.
El titular de la Comisión, Edgard Alarcón, dijo al final de la sesión que tomaba la palabra de los invitados y, sobre todo, del superintendente de SuSalud, de continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades porque todo indicaría que ciertos establecimientos privados sí habrían incurrido en estos reprochables hechos denunciados por la Contraloría General de la República.
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