El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado inició su plan de capacitación 2020 a nivel nacional.
A fin de brindar oportunidades de formación de calidad a los actores que participan en los procesos de contratación pública, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) implementará próximamente cursos virtuales; por lo cual viene trabajando en el desarrollo de un entorno virtual para actividades de aprendizaje.
El OSCE formuló este anuncio en la presentación de su Plan de Capacitaciones 2020, que para este año comprende más de 320 eventos de difusión y capacitación en todo el país, con una meta mínima de 30,900 personas a capacitar. Dichos eventos tienen como finalidad fortalecer las competencias de los actores en la contratación pública para mejorar la eficacia y eficiencia en los procesos; y, por ende, para que las entidades brinden mejores servicios a los ciudadanos.
Para este año, los talleres y seminarios abordarán temas como gestión de la planificación, identificación y descripción de la necesidad para elaborar requerimientos, análisis del requerimiento en el marco de la indagación de mercado, gestión de la evaluación y calificación de ofertas, gestión de la comparación de precios, subasta inversa electrónica y selección de consultores individuales, gestión de las modificaciones contractuales así como de la nulidad y resolución del contrato, entre otros.
Al término del 2019, el OSCE logró capacitar a un total de 31,664 personas; cifra que no solo superó la meta institucional anual de 30,860 personas sino que, además, representa un incremento del 420% con relación a lo logrado en años anteriores.
Los interesados en participar en los eventos deben ingresar al portal web del OSCE https://www.gob.pe/osce, luego a la sección “Conoce nuestras capacitaciones 2020”; desde allí podrán inscribirse en los eventos de capacitación a desarrollarse, en las fechas y horarios programados, según regiones.
El OSCE es la entidad encargada de regular y supervisar los procesos de contrataciones que realizan las entidades públicas, cautelando la aplicación eficiente de la normatividad y promoviendo las mejores prácticas para el uso óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la población.
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