Son trasladados en un vuelo privado
En un vuelo privado, la Policía Nacional traslada en estos momento a Lima, desde la ciudad de Tarapoto, región San Martín, a siete detenidos por el caso Keiko Fujimori por disposición del juez Richard Concepción Carhuancho.
Se trata de la gerenta de Desarrollo Social de San Martín, Aurora Torrejón Riva; y el director regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Walter Rengifo Saavedra.
También figuran Liz Documet Manrique, esposa del regidor provincial de San Martín Ronald del Castillo Reátegui, y Rafael del Castillo Reátegui, hermano del concejal; así como el empresario Pedro Velayarce Llanos.
Asimismo, son trasladados a Lima Mayra Alexandra Castañón Dávila, funcionaria del proyecto especial Huallaga Central y Bajo Mayo; y Lulith Sánchez Bardales, trabajadora de la botica del congresista Rolando Reátegui.
Los detenidos, que fueron trasladados al Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes de Tarapoto en cuatro vehículos, permanecieron 40 minutos en la comisaría del terminal antes de partir hacia la capital de la República.
Aurora Torrejón se puso a derecho ayer por la tarde y afirmó que se enteró de la orden de captura en su contra por los medios de prensa cuando trabajaba en acciones propias de su función en la localidad de San José de Sisa.
Al ser consultada por los presuntos aportes que hizo a Fuerza Popular respondió: «No tengo nada que decir, porque no he aportado ni he hecho nada», aseguró a la prensa.
Liz Documet habría aportado a la campaña de Keiko Fujimori 27,820 soles en el 2011, pero hasta el momento no habría podido sustentar el origen de estos fondos.
Se informó que Lulith Sánchez Bardales habría colaborado con 13,910 soles para las actividades proselitistas de Fuerza Popular.
Comunicado
El Gobierno Regional de San Martín difundió un comunicado en el que señala que las acciones de la vida privada o partidaria política de cualquier funcionario no tienen nada que ver con las acciones de gestión de la institución.
El fiscal José Domingo Pérez solicitó la prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otras 19 personas, entre ellas varios pobladores de la selvática región San Martín.
Keiko Fujimori es investigada por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que recibió Fuerza Popular para financiar su campaña presidencial en el 2011.
La investigación comprende los cócteles que el partido sostiene que organizó el partido para recaudar fondos y las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, que aseguran haber entregado presuntos aportes para la campaña.
(Fuente: Andina)
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