El Gobierno acusó al régimen de Rafael Correa de no defender los derechos del país y las comunidades dentro del litigio en contra de la petrolera estadounidense Chevron. Y anunció que ha pedido al Procurador que “tome las acciones para sancionar a funcionarios que generaron daños en función del principio del derecho de repetición”.
Según Eduardo Jurado, secretario jurídico de la Presidencia, el mal manejo del caso Chevron podría llevar a Ecuador a perder la causa que la transnacional presentó en contra de Ecuador y que involucra un pago de USD 9 000 millones.
El funcionario dijo que esa administración gubernamental gastó USD 10 millones en la campaña de comunicación nacional e internacional, denominada “La mano sucia de Chevron” para pretender hacer creer al país que personalidades internacionales apoyaban la causa, pero “en realidad estas recibían un alto pago a cambio de sus visitas al país con fondos públicos”.
Dentro de la campaña “La mano sucia de Chevron” llegaron a Ecuador personajes como Mia Farrow, Alexandra Cousteau, Danny Glover, Antonia Juhasz, Amba Jackson, Rigoberta Menchú, Residente (de Calle 13), Luis Eduardo Aute, etc.
La Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia señaló este jueves en un comunicado que el “Gobierno propone acciones legales contra Rafael Correa”. En un comunicado dice: “El régimen de Rafael Correa utilizó el caso Chevron para ganar protagonismo mediático y político, además empleó fondos públicos para propaganda, como el contrato por $ 6,4 millones con la empresa MCSquared para pagar a celebridades internacionales como Mia Farrow (USD 188 mil) y Danny Glover (USD 330 mil), dentro de la campaña ‘La Mano sucia de Chevron,’ que “manipuló a la opinión pública nacional e internacional”.
“Pretendieron hacer creer al país que celebridades internacionales apoyaban la causa, cuando en realidad éstas recibían un alto pago por su visita, con fondos públicos”, dijo Jurado.
La Secom agrega: “A esto se suma que la Cancillería, liderada en aquel entonces por Ricardo Patiño, suscribió un contrato por USD 2,5 millones con una empresa de comunicación para pagar viáticos y viajes de figuras públicas e internacionales.
Rueda de prensa sobre la posición del Gobierno respecto al caso Chevron. Juan Sebastián Roldan (izq), secretario particular del Presidente Moreno y Eduardo Jurado, Secretario General de la Presidencia. Foto tomada de Twitter Secretaría de Comunicación
En el año 1993 un grupo de comunidades amazónicas, presuntamente, afectadas por la contaminación de operaciones de Texaco presentaron una demanda en la Corte Federal de Nueva York una demanda en contra de la petrolera. El juicio se extendió por nueve años. Pero luego Chevron compró los activos de la petrolera y asumió, con ello, el litigio.
Las comunidades ganaron el caso en corte local, que sentenció con un pago de USD 9 000 millones a Chevron.
Chevron llevó el juicio al campo internacional. En el 2010 la Corte de la Haya emitió un fallo argumentado que se violó el Tratado Bilateral de Inversiones con EE.UU. además del derecho internacional.
En el 2014 la Corte de Nueva York decidió que la demanda en contra de Chevron era producto de un fraude y no podía darse. El fallo de la Corte acusa al abogado de los demandantes de violación de la Ley y prohíbe la ejecución del fallo en EE.UU.
El mismo año la Corte Suprema de Holanda ratificó la decisión del arbitraje solicitado por Chevron en contra de Ecuador.
Y en el 2015 la Corte Penal Internacional dictó veredicto a favor de la petrolera.
“El Gobierno nacional defiende los derechos del país y de las comunidades afectadas en este caso, sin embargo, el país debe conocer que los derechos del país no fueron defendidos conforme a derecho internacional”, dijo Jurado.
(Fuente: Nodal)
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