La legisladora Luciana León (APRA), en mesa de trabajo organizada por el Día Internacional de la Mujer, planteó un ‘Pacto por la defensa de la Mujer Peruana’, el mismo que fue suscrito por representantes de diversos colectivos femeninos vinculados al Partido Aprista Peruano.
Son voces de protesta y rechazo ante todos los casos de violencia, acoso y discriminación que se presentan en nuestro país, “problemática que aún no ha sido encarada de manera seria y no ha resuelto el Estado, ello en detrimento de los derechos e intereses de la mujer peruana”, según manifestó la congresista.
León Romero recordó que la violencia se da en diversas formas: física, psíquica, sexual y económica, y estas se interrelacionan afectando a la mujer en todas las etapas de su vida; algunos incluso trascendiendo a las fronteras nacionales como es el caso de los delitos de trata de niñas y mujeres.
Es primordial que las instituciones públicas implementen acciones de manera concreta y eficaz, con la finalidad de eliminar la desigualdad y la violencia física, psicológica y sexual contra la mujer peruana, especialmente la ubicada en grupos más vulnerables, remarcó.
‘Pacto por la defensa de la Mujer Peruana’
El documento solicita al Presidente de la República la creación de un Plan Bicentenario para erradicar la violencia sexual, en el marco de la Ley Nº 30634, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Los objetivos de dicho plan es para tomar medidas de sensibilización y prevención ante todo tipo de violencia, en todas las etapas educativas – formativas de la persona, así como en el ámbito laboral, familiar y social.
Perfeccionar la asistencia, ayuda y protección a las víctimas y a sus hijos en los protocolos del ámbito administrativo y judicial, competentes en materia de violencia contra la mujer y su grupo familiar.
Ampliar la protección y cambiar los criterios del registro de las víctimas para incluir a aquellas que aún no han interpuesto denuncia, garantizándose su seguridad y la de sus hijos.
Asistencia y protección de menores; suspensión del régimen de visitas, estudios sobre la situación de los niños y niñas y dictar medidas de restricción que impidan al padre agresor tener algún tipo de contacto con el menor violentado.
El documento se seguirá enriqueciendo con el aporte de las lideresas asistentes al evento.
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