Comisión de Defensa adoptó medida
La Comisión de Defensa aprobó por mayoría solicitar que los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que son procesados en el Congreso se abstengan «por decoro» en la demanda presentada por el Ejecutivo contra la ley que homologa las pensiones militares y policiales.
La decisión involucra a los magistrados Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera.
Los mencionados magistrados se encuentran sometidos en la actualidad a un procedimiento parlamentario de acusación constitucional por presunta infracción a la Carta Magna.
Además, la Comisión de Defensa considera que los cuatro magistrados acudieron de manera irregular a instancias internacionales para que se archive el procedimiento parlamentario que se encuentra en curso.
El congresista Javier Velásquez Quesquén señaló, que en esas circunstancias, no existen garantías de imparcialidad.
Refirió que el artículo 313 del Código Procesal Civil establece que cuando se presentan motivos que perturban la función del juez, éste por decoro puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada.
La Comisión de Defensa también aprobó solicitar a la Mesa Directiva la designación del congresista Javier Velásquez Quesquén (CPA), titular de ese grupo de trabajo, como apoderado del Congreso en el referido proceso, y al congresista Carlos Tubino (FP) como su acompañante.
En este contexto, Velásquez Quesquén acompañado de Tubino Arias Schereiber, deberán concurrir ante el TC para responder a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley N° 30683 que modifica el Decreto Ley N° 1133 para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial a fin de regular las pensiones del DL N° 19846.
La demanda gubernamental tuvo lugar el 30 de enero del presente año después que la ley fuese aprobada tras amplio debate y varias modificaciones el 20 de noviembre del 2017 y se había puesto en vigencia.
La ley establece que los pensionistas del régimen de pensiones del DL 19846 deben percibir como pensión un monto equivalente a la remuneración consolidada que considera todas las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones, así como cualquier otro ingreso de carácter permanente y según el grado remunerativo sobre la base del cual perciben su pensión.
El Poder Ejecutivo observó la propuesta legislativa, pero el Poder Legislativo aprobó su insistencia y la promulgó el 20 de noviembre pasado. De allí la reacción gubernamental y la presentación de una denuncia constitucional por supuestamente irrogar gasto al Estado.
(Fuente: Andina)
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