Foto: latin-american.news
Por Max Anhuamán
Exdirector DIRCOTE/DINI
La prevención más efectiva contra el retorno de la violencia política y el autoritarismo es la información verificable y la memoria colectiva. El Perú pagó con miles de víctimas mortales (en la época del terrorismo) el precio de minimizar las señales de radicalización en las décadas de 1970, 1980 y 1990. A solo días de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, ciertas candidaturas presidenciales reviven viejos patrones que merecen ser analizados con documentos en la mano, no con discursos emocionales ni amnesia selectiva.
Como profesional con experiencia en inteligencia y lucha antiterrorista, he revisado expedientes, archivos periodísticos, registros del INPE y partes policiales de la época. Los hechos son públicos y están respaldados por fuentes oficiales y periodísticas.
Alfonso López Chau (Ahora Nación) fue detenido en marzo de 1970 junto a Juan Cristóbal Suárez Moncada, alias “Camarada John”, en un operativo de la Guardia Civil en La Punta, Callao. El diario La Prensa del 4 de marzo de 1970 lo consignó entre los detenidos por “asalto y robo”, vinculado al asalto al Banco Wiese “Sol de Oro”. El propio “Camarada John” ha confirmado recientemente su cercanía y presencia en ese operativo. En 1989, en pleno auge del terrorismo, López Chau publicó en la revista Cambio – vocero de la OT-TA) una columna titulada “Víctor es un luchador político”, defendiendo a Víctor Polay Campos, fundador de la OT-TA. Hoy minimiza esos hechos y postula con Luis Villanueva como vicepresidente, quien defiende abiertamente el Socialismo del Siglo XXI.
Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) tiene como hermana a Rebeca Nieto, quien está casada con Pedro Humberto Arévalo Hernández (a) “Rodrigo, Santiago I o Raymundo”, cabecilla del Comité Zonal Arequipa-Tacna de Sendero Luminoso. Un parte policial de 1991-1992 lo registra como REO EN CÁRCEL, ocupando cargos de responsabilidad: MM del Comité Zonal, MM de la Red Móvil Arequipa y MP de la Red Móvil Camaná-Majes-Ocoña. Fue procesado por delitos de traición a la patria (DL 25659 y 25475), terrorismo, destrucción del sistema interconectado de energía eléctrica (torres de alta tensión), robo a mano armada, posesión de armas y explosivos, y amenazas. Aunque estuvo detenido entonces, en 2017 la DIRCOTE y la Comisión Evaluadora de Recompensas del Ministerio del Interior lo incluyeron en la lista de prófugos más buscados por terrorismo, con recompensa ofrecida.
Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) respalda la ruta castillista, es visto públicamente como heredero político de Pedro Castillo y ha sido calificado por Vladimir Cerrón como uno de los “mejores alumnos” de Perú Libre, junto a López Chau, por repetir “de principio a fin el ideario” del partido.
En 2021, desde la DIRCOTE —de la que formé parte—, se emitieron advertencias claras sobre los vínculos de Pedro Castillo con sectores radicales y remanentes terroristas. Esas alertas fueron minimizadas o ignoradas por cierta prensa afín y sectores políticos. Hoy seguimos pagando el precio de esa desatención.
Yehude Simon, figura histórica de la izquierda democrática y fundador de Juntos por el Perú, ha criticado duramente estas candidaturas. Ha señalado que representan un sector que nunca rompió del todo con la lógica violenta de los años 70 y 80, y ha expresado desprecio por el oportunismo de algunos liderazgos que cambian según el interlocutor.
Los “pensantes” no empuñan fusiles, pero construyen la ideología que los justifica y normaliza. El Socialismo del Siglo XXI que promueve Villanueva y que subyace en estos círculos ya mostró sus resultados concretos en Venezuela, Cuba y Nicaragua: control de instituciones, pobreza masiva, éxodo poblacional y erosión de las libertades.
El Perú no necesita nuevos experimentos con viejos errores. La ciudadanía tiene el derecho —y la responsabilidad— de elegir con documentos en la mano y memoria intacta. Ignorar las señales del pasado no es progresismo: es repetir la tragedia.
En estas elecciones de 2026, la pregunta no es solo quién promete más, sino quién representa un riesgo real para la estabilidad democrática y la convivencia pacífica. La memoria colectiva debe ser nuestra mejor defensa.
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