Por César Zumaeta Flores
Candidato al Senado Nacional por el Apra con el #16
- Debilidad estructural de la fiscalización en zonas rurales.
En primer lugar, se constata que, en numerosas mesas de sufragio ubicadas en zonas rurales alejadas, tanto de la sierra como de la selva, la presencia de personeros es limitada o inexistente; y en consecuencia, el sistema pierde uno de sus principales mecanismos de control, lo cual deja amplios márgenes de acción sin supervisión efectiva. - Concentración de poder operativo en los miembros de mesa.
En segundo lugar, al no existir vigilancia directa durante la jornada electoral, los miembros de mesa concentran el control del proceso —desde la recepción del voto hasta el escrutinio—; y por tanto, se configura una situación donde la discrecionalidad puede incrementarse sin contrapesos inmediatos. - Alto nivel de ausentismo electoral como variable crítica.
En tercer lugar, el ausentismo en estas zonas puede bordear el 40%, lo cual implica que, de cada 200 electores por padrón, aproximadamente 80 no acuden a votar; y en consecuencia, se genera un volumen considerable de votos no ejercidos que adquiere relevancia en términos de riesgo potencial. - Momento crítico del escrutinio sin observación efectiva.
En cuarto lugar, el proceso de conteo de votos se realiza sin la presencia activa de observadores independientes, dado que el personal de seguridad no participa ni supervisa dicho acto; y por tanto, el momento decisivo del proceso puede desarrollarse sin validación externa. - Limitación en la transparencia del padrón electoral.
En quinto lugar, aunque el acta electoral es un documento público, la copia del padrón electoral —pieza clave para verificar quiénes sufragaron— no es entregada de manera accesible a personeros; y en consecuencia, se impide la verificación cruzada entre participación real y resultados registrados. - Custodia centralizada de la información electoral.
En sexto lugar, el padrón electoral queda bajo control exclusivo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, lo cual, aunque responde a una lógica administrativa, también genera una percepción de opacidad; y por tanto, limita la auditoría independiente del proceso. - Ruptura de la cadena de control ex ante y ex post.
En séptimo lugar, la combinación de ausencia de fiscalización directa (antes y durante el proceso) y falta de acceso a documentos clave (después del proceso) rompe la cadena de control integral; y en consecuencia, se reduce significativamente la capacidad de detectar irregularidades. - Convergencia de condiciones que facilitan el manipuleo.
En octavo lugar, al confluir simultáneamente ausencia de personeros, alto ausentismo, falta de supervisión en el escrutinio y limitada trazabilidad documental, se configura un entorno donde el manipuleo de resultados no solo es posible, sino operativamente viable. - Existencia de incentivos políticos para alterar resultados.
En noveno lugar, dado que los resultados electorales determinan el acceso al poder político, existe un incentivo objetivo para influir en ellos; y por tanto, las debilidades estructurales descritas podrían ser utilizadas con la finalidad de favorecer a determinados candidatos. - Conclusión: posibilidad real de un fraude electoral en paralelo al proceso democrático.
Finalmente, mientras se desarrolla con normalidad la campaña electoral y el debate entre candidatos a la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados, la convergencia de los factores analizados permite sostener que, en paralelo, podría estarse gestando un fraude electoral en cientos de mesas ubicadas en las zonas rurales más alejadas del país; y en consecuencia, la hipótesis de manipulación deja de ser especulativa para convertirse en una posibilidad real que exige atención y correctivos urgentes para preservar la legitimidad del sistema democrático.
En consecuencia, lo que está en juego no es únicamente el resultado de una elección, sino la confianza misma en el sistema democrático; por ello, resulta imperativo actuar con firmeza, reforzar los mecanismos de fiscalización y garantizar que cada voto emitido sea respetado, porque cuando se vulnera la voluntad popular, no solo se altera un resultado, sino que se hiere el fundamento mismo de la democracia.
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