El pedido de revocatoria de Vladimir Cerrón ante el TC se centra en su exclusión de la contienda política.
La defensa legal y el entorno familiar de Vladimir Cerrón han presentado un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de revocar la prisión preventiva que pesa sobre el líder de Perú Libre por el caso Antalsis.
El argumento central de su abogado, Humberto Abanto, y su madre, Bertha Rojas, sostiene que la medida restrictiva vulnera sus derechos políticos al ser el único de los 36 candidatos presidenciales impedido de realizar campaña presencial para las elecciones generales de abril. Bajo esta premisa de «situación excepcional», exigen que el TC defina su libertad de manera inmediata para garantizar la igualdad de condiciones en la contienda electoral.
A solo 55 días de los comicios, la defensa busca que el Tribunal Constitucional priorice la participación política de Cerrón, quien se encuentra en la clandestinidad desde octubre de 2023. El equipo legal enfatiza que la urgencia radica en la necesidad de que el candidato pueda interactuar con el electorado, calificando la situación como una limitación sin precedentes para un aspirante a la presidencia.
Pese a su condición de no habido, Cerrón mantiene una presencia activa en plataformas digitales como X y TikTok, desde donde coordina mensajes políticos mientras el Ministerio del Interior mantiene una recompensa de 500,000 soles por su captura.
Vladimir Cerrón enfrenta un complejo escenario judicial que incluye investigaciones por organización criminal, colusión agravada y cohecho en casos emblemáticos como Antalsis y Los Dinámicos del Centro. Su evasión de la justicia no solo ha complicado su situación legal, sino que ha generado una crisis en el Ejecutivo, derivando en una investigación fiscal contra la expresidenta Dina Boluarte por presunto encubrimiento.
Mientras su madre y candidata a la vicepresidencia, Bertha Rojas, insiste en que la clandestinidad de su hijo es una respuesta a «sentencias arbitrarias», el sistema judicial mantiene vigentes las órdenes de detención por delitos de corrupción vinculados a su gestión en Junín.
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