Condena del Gremio Nacional de Abogados de EE. UU. a Ataques en el Caribe
El Grupo de Trabajo de Derecho Militar del Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos (MLTF) ha emitido una severa condena contra las órdenes de ataque ejecutadas en el mar Caribe, advirtiendo que estas acciones podrían constituir crímenes de guerra, según el derecho internacional y la legislación estadounidense. Esta postura representa un desafío directo a las recientes directrices de la Casa Blanca.
La organización de juristas, especializada en derecho militar, denunció que la autorización presidencial para el hundimiento deliberado de embarcaciones civiles extranjeras en aguas internacionales, y el consecuente asesinato de las personas a bordo, viola flagrantemente tanto el Derecho Internacional Humanitario como la Ley de Poderes de Guerra de Estados Unidos.
El MLTF rechazó los argumentos del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el Secretario de Estado, Marco Rubio, quienes han intentado justificar estas operaciones letales bajo la premisa de la lucha contra el narcotráfico.
Los juristas enfatizan que no existe justificación legal para los ataques, dado que se están llevando a cabo contra embarcaciones civiles sin que exista un conflicto armado declarado o una amenaza inminente que legitime el uso de fuerza letal.
Adicionalmente, el grupo señala que, al omitir procesos judiciales o intentos de interdicción pacífica, estas acciones equivalen a ejecuciones extrajudiciales, vulnerando los derechos fundamentales a la vida y al debido proceso. El MLTF advierte que clasificar estos incidentes como actos de guerra, basándose en «pretextos dudosos», incrementa peligrosamente el riesgo de una confrontación militar a gran escala o una invasión en la región.
Ante la gravedad de los hechos, los juristas militares han instado al Congreso de Estados Unidos a actuar de inmediato. Sus exigencias principales son:
- Investigación Inmediata: Abrir audiencias para investigar los presuntos crímenes de guerra.
- Responsabilidad Política: Considerar el juicio político (impeachment) contra los funcionarios responsables de emitir las órdenes ilegales.
- Freno Legislativo: Promulgar legislación para asegurar que estas violaciones al derecho internacional no se repitan y que las fuerzas armadas no sean utilizadas para cometer actos ilegales.
Este pronunciamiento se suma a las voces críticas de expertos de la ONU y organismos de derechos humanos que han calificado la estrategia militar estadounidense en el Caribe como una violación sistemática del derecho internacional, cuestionando la legalidad de la política exterior de Washington hacia Venezuela y la región.
Venezuela pide apoyo a la OPEP por «Agresión» de Estados Unidos en el Caribe
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó formalmente a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ayuda para detener la «agresión» de Estados Unidos, que mantiene un operativo antinarcóticos en el Caribe desde agosto.
El despliegue de Estados Unidos incluye destructores, aviones de combate, miles de efectivos y el portaaviones más grande del mundo. Venezuela sostiene que estas maniobras tienen como objetivo el derrocamiento de Maduro y no la lucha contra el narcotráfico.
En una carta leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un comité ministerial virtual de la OPEP, Maduro expresó: «Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional». El mandatario venezolano advierte que Washington busca derrocarlo para apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo.
Maduro recalcó que una acción militar desde el norte «pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial».
Cierre del espacio aéreo y vuelos suspendidos
Estados Unidos está promoviendo un cerco marítimo y ahora aeronáutico sobre Venezuela, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que el espacio aéreo del país caribeño debía considerarse «cerrado en su totalidad».
La semana pasada, Washington emitió una alerta aérea por la creciente actividad militar en la zona, lo que llevó a seis aerolíneas a suspender sus conexiones con Venezuela. Este domingo, la agencia de viajes rusa Pegas Touristik, que volaba frecuentemente a la isla de Nueva Esparta, acató la alerta y suspendió sus vuelos.
Desde 2021, Venezuela y Rusia, aliado del chavismo, han firmado convenios turísticos que han llevado a miles de turistas rusos a Nueva Esparta, contribuyendo a la economía local. Venezuela mantiene por ahora solo sus dos rutas hacia Rusia con la aerolínea estatal Conviasa.
Previamente, la autoridad aeronáutica venezolana revocó las concesiones para operar en el país a varias aerolíneas internacionales (Iberia, TAP, Avianca, Latam, GOL y Turkish), acusándolas de «sumarse a las acciones de terrorismo» promovidas por Estados Unidos.
El presidente Trump afirmó la semana pasada que los esfuerzos para detener a narcotraficantes venezolanos «por tierra» comenzarán «muy pronto», aunque adelantó que dialogará con Maduro «en algún momento».
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