Uruguay: central gremial condenó decreto antipiquete pero decidió no pedir su revocación

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Montevideo, 30 marzo 2017 (peruinforma.com / fuente: Nodal).-

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, consideró ayer “inoportuno” e “innecesario” el decreto aprobado por el gobierno el lunes sobre cortes de rutas y calles, pero también adelantó que la central sindical no lo recurrirá.

“Desde que se aprobó el decreto estamos intercambiando opiniones y posiciones con la sala de abogados del PIT-CNT. Se entendió que no era pertinente presentar en lo inmediato el recurso, y ver primero cómo se procede ante un nuevo caso de piquete”, dijo el dirigente. Así, Pereira dejó en claro que “por el momento el decreto no será recurrido”, aunque de todos modos ,“si en una movilización se violenta alguno de los derechos, en ese momento actuaremos”. Según profundizó, “en cada momento se valorará la acción jurídica a desarrollar. Pero, más allá de lo jurídico, aplicaremos la movilización del movimiento sindical”. De esta manera, dejó en claro que se optará por una revocación particular ante cada caso concreto de aplicación del decreto. De hecho, así lo da a conocer una declaración aprobada ayer por el Secretariado: “En caso de que en el cumplimiento de dicho decreto se violenten derechos sindicales, presentaremos los recursos jurídicos correspondientes y llevaremos adelante las distintas medidas de lucha que sean necesarias para modificar sus aspectos restrictivos”.

Esta posición del PIT-CNT, anunciada por Pereira, deja entrever el debate que se dio ayer en la sesión del Secretariado Ejecutivo. Allí hubo una moción apoyada por tres sindicatos pertenecientes a la corriente identificada con la Lista 41 (la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado -COFE-, la Federación Nacional de Municipales y la Unión Ferroviaria) para que la central impugnara a nivel general el decreto, lo que exigía que el recurso revocatorio se presentara a más tardar mañana, dado que el plazo legal para cursar este tipo de impugnaciones es de apenas diez días.

Según Ricardo Cajigas, dirigente de la Unión Ferroviaria, “la discusión sobre si se hacía el recurso fue política”, es decir, “si convenía hacerlo en forma general o si valía la pena hacerlo cada vez que se aplicara el decreto, o sea, ver cuál era la mejor señal política, aunque también teníamos el informe jurídico de que era difícil que se ganara”.

De esta forma, se entendió que una impugnación general era una señal más dura hacia el gobierno que a nivel particular. Fernando Ferreira, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida e integrante de la corriente 5 de Marzo, explicó a la diaria que cualquier sindicato está habilitado a realizar por su cuenta una revocación general contra el decreto. La diferencia entre una y otra postura fue de “interpretación táctica”, aseguró, y en “términos políticos”: “No discuto que pueda ser un mensaje más fuerte la revocación en términos generales, como también puede ser un mensaje de negociación con el Ejecutivo [apuntar a la revocación particular], si es que el espíritu del decreto era dejar fuera a los trabajadores y a todo lo que tiene que ver con el derecho de huelga y sus extensiones”.

De hecho, Ferreira hizo referencia a la declaración emitida por la central sindical ayer, en la que considera necesario modificar el artículo cuarto del decreto, que dictamina que lo establecido en la norma “no será de aplicación ante lo previsto en el artículo 57 de la Constitución”, que es el que establece el derecho a huelga como “derecho gremial”. Según la declaración del PIT-CNT, es necesario cambiar esta parte del decreto “dejando en claro que quedan exceptuados los conflictos laborales”. Por eso, para Ferreira, la no impugnación general del decreto implica “un mensaje de negociación con el Ejecutivo”: “Si el espíritu era dejar a los trabajadores fuera de la norma, esto es como decirle al Ejecutivo: ‘Cambien la redacción del decreto y pongan algo más específico para los trabajadores’. Es una señal de negociación en ese punto cuarto”. Ferreira recordó que algunos jerarcas del gobierno, como la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijeron que el decreto “no es contra los trabajadores sino contra algunas movilizaciones [de empresarios] de tipo pinochetista”. Ese cambio de redacción, entienden desde la central, blindaría de mejor forma al movimiento sindical ante la aplicación del decreto: “Si es contra los empresarios, entonces que dejen expresamente afuera a los trabajadores, y para eso hay que decir que quedan exentos de este decreto los conflictos laborales”, sostuvo Ferreira. La central, además, dejó en claro en su declaración que le comunicará al Ejecutivo las “objeciones” que tiene sobre la norma.

A pesar de que el decreto no será recurrido a nivel general por el PIT-CNT, algunos sindicatos evalúan hacerlo, como COFE. “Tenemos que ver si tomamos esa decisión. Está claro que [al hacerlo] no violamos el estatuto del PIT-CNT, pero estamos viendo si lo presentamos solos o con otros sindicatos”, dijo su secretario general, Joselo López.

Hagan cambios

La Institución Nacional de Derechos Humanos se expresó respecto del decreto y, si bien defendió la “potestad” del Poder Ejecutivo para “adoptar medidas tendientes a lograr la conservación del orden y tranquilidad en lo interior”, también señaló: “Es pertinente el control judicial previo como condición para disponer cualquier límite al derecho de reunión pacífica, como puede acontecer en aquellos casos que sea necesario preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras desde una perspectiva de ponderación de derechos”. Además, dijo que “en ningún caso estas medidas pueden incluir la detención de quienes realizan la manifestación de forma pacífica”. Por lo tanto, sugirió a las autoridades “adecuar el marco jurídico vigente en el país dando cumplimiento a las normas del Derecho de los Derechos Humanos en el momento de disponer eventuales limitaciones o restricciones a las libertades de expresión y reunión pacíficas”, lo que implica que “cualquier limitación o restricción debe ser objetiva, en el sentido de ponderar la libertad personal con el interés general en una sociedad democrática”.