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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha promulgado una orden ejecutiva que contempla la imposición de aranceles adicionales a las naciones que suministren petróleo a Cuba, ya sea de forma directa o indirecta.
La Casa Blanca justifica esta medida como una respuesta a una «emergencia nacional», argumentando que es una acción indispensable para proteger la seguridad nacional y los intereses de la política exterior estadounidense frente a la influencia del régimen cubano.
Impacto energético y represalias comerciales
La normativa establece un impuesto «ad valorem» sobre las importaciones provenientes de países que mantengan vínculos energéticos con la isla, aunque el documento oficial no especifica los porcentajes ni los Estados afectados.
Esta presión económica llega en un momento crítico para Cuba, que actualmente solo logra cubrir el 50% de su demanda eléctrica, agravando la crisis de suministros que atraviesa el país caribeño. No obstante, la orden deja abierta la posibilidad de modificaciones o exoneraciones si los países involucrados alinean sus políticas con los objetivos de seguridad de Washington.
El gobierno cubano, a través de su canciller Bruno Rodríguez, calificó la medida como un «brutal acto de agresión» y denunció que se basa en una serie de falsedades para presentar a la isla como una amenaza inexistente.
El funcionario subrayó que esta nueva sanción profundiza el bloqueo económico que el país ha enfrentado por más de 65 años, afectando directamente el bienestar de su población en el marco de una política de máxima presión internacional.
