Por unanimidad, con 14 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional N.° 290, que propone una sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por cinco (5) años para Martín Vizcarra Cornejo.
Se trata de la denuncia presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma de la Cruz, el 30 de enero de 2019, contra Vizcarra Cornejo cuando ejerció funciones de ministro de Transportes y Comunicaciones por la presunta infracción al artículo 126 de la Constitución al no haber renunciado a su condición de miembro del directorio y gerente de operaciones de la Empresa C y M Vizcarra SAC al asumir el cargo.
A este acuerdo se llegó este lunes 14 en la sesión virtual que realizó la Subcomisión dirigida por su presidente, el congresista Carlos Pérez Ochoa (AP).
Cabe precisar que el 28 de febrero de 2019, Vilcatoma de la Cruz amplió la denuncia señalando que Vizcarra Cornejo también habría favorecido a la empresa Obrainsa mientras desempeñaba el referido cargo.
La sustentación del informe de dicha denuncia constitucional estuvo a cargo del congresista Fernando Meléndez Celis (APP) en su condición de delegado.
En las conclusiones aseveró que se ha demostrado que Vizcarra Cornejo ha cometido infracción constitucional al artículo 126, en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas.
“No hay elementos suficientes para demostrar que Vizcarra Cornejo realizó acto alguno en favor de la empresa Obrainsa”, agregó el legislador.
“Quiero dejar constancia que, si bien es cierto que hay falta de pruebas en este expediente para concluir un favorecimiento a la empresa Obrainsa, y una eventual sanción al señor Martín Vizcarra. No significa que esto no pueda investigarse y concluir en una futura sanción en el futuro”, observó el congresista Fernando Meléndez Celis.
Explicó que lo que ocurre en este caso es que el tema fue incluido con una ampliación de la denuncia que no ha contado con los elementos probatorios suficientes. “Esto no quita que en el futuro una comisión investigadora formada en el Congreso o la propia fiscalía puedan investigar estos hechos y concluir algún tipo de responsabilidad”, agregó.
Inmediatamente después de la votación Pérez Ochoa hizo una invocación a los legisladores. “Esta Presidencia solicita a cada uno de ustedes que al término de la distancia podamos suscribir, nos apoyen con sus firmas electrónicas para poder continuar con el trámite que corresponde a esta denuncia y elevarla a la Comisión Permanente para que sea agendada y prosiga con su trámite”, señaló Pérez Ochoa respaldándose en el artículo 89 del Reglamento del Congreso.
En la ampliación de la denuncia constitucional se incluye el hecho de “haber favorecido los intereses económicos de la empresa Obrainsa, los mismos que se han traducido en la adjudicación de una serie de obras (construcción de puentes), así como la construcción de kilómetros de carreteras; no obstante, su empresa C y M Vizcarra formó parte del Consorcio Colca junto a la empresa Obrainsa; incurrieron así en infracción constitucional al trasgredir el artículo 126 de la Constitución Política del Perú”.
Meléndez Celis señaló que el denunciado, en legítimo ejercicio de su derecho de defensa, presentó su descargo el 18 de febrero de 2021, el mismo que fue ampliado con un segundo escrito el 23 de febrero del 2021, mediante los cuales señala que ofrece elementos de convicción complementarios a su defensa con el objeto de desvirtuar los cargos imputados, alcanzando para tal propósito otros instrumentos probatorios.
“Señala que la imputación por una infracción a la Constitución no es un concepto abstracto al cual se le pueda atribuir un contenido de mejor parecer, pues conforme al principio de taxatividad (subprincipio del principio de legalidad), el acto que configuraría una infracción constitucional debe estar previa y textualmente contemplado en la Constitución como infracción”, agregó el legislador.
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