El Gobierno de Brasil, a través de su canciller Mauro Vieira, manifestó su firme oposición a que Washington califique a las bandas de narcotraficantes brasileñas como organizaciones terroristas. Según el ministro, esta medida constituye un acto de injerencia que, bajo el marco legal estadounidense, «permitiría que el ejército de EE. UU. invadiera territorio brasileño» y facilitaría sanciones contra instituciones y empresas locales. Durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados, Vieira informó que ya trasladó esta postura al secretario de Estado, Marco Rubio.
El canciller subrayó que Brasil no puede aceptar tal declaración por «imperativo legal», aunque reiteró la «total disposición de combatir el crimen organizado». De hecho, Brasilia ha presentado una propuesta de colaboración técnica que el Gobierno de Donald Trump aún mantiene en estudio.
Esta tensión surge ante la intención de la Casa Blanca de incluir al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho en su lista de terroristas extranjeros, una política que ya se ha aplicado durante el mandato de Trump a grupos de Colombia, Venezuela, México y El Salvador. Pese a las fricciones y las declaraciones del mandatario estadounidense, ambas naciones negocian actualmente una visita oficial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Washington.
De manera simultánea a este debate diplomático, la Policía Federal de Brasil ejecutó este miércoles 18 de marzo de 2026 una operación masiva para demostrar su capacidad operativa contra el crimen organizado. El despliegue abarcó 15 estados del país con el objetivo de desarticular redes de tráfico de armas y drogas, ejecutando 112 órdenes de captura y 180 de búsqueda y registro contra integrantes de las facciones criminales más peligrosas del país.
El impacto financiero de la operación fue significativo, destacando el bloqueo de más de 100 cuentas bancarias por 13 millones de dólares en Campinas. Asimismo, en São Luis, se incautaron bienes y activos valorados en 57 millones de dólares, incluyendo edificios y vehículos de lujo utilizados para el lavado de activos. Las investigaciones se centraron en el blanqueo de capitales mediante empresas fachada y el tráfico de cocaína a través del aeropuerto internacional de Manaos, punto estratégico de entrada a la Amazonía brasileña.
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