El Poder Ejecutivo decretó el estado de emergencia por un plazo de 60 días calendario en zonas críticas de La Libertad, Madre de Dios y Loreto. La medida busca fortalecer el control del orden interno ante el avance de la minería ilegal, el crimen organizado y la actuación de grupos hostiles en el territorio nacional. La declaratoria es focalizada e incluye la provincia de Pataz y el centro poblado de Chagualito (La Libertad); distritos en las provincias de Tambopata y Manu (Madre de Dios); y las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (Loreto).
En la provincia de Pataz y en el centro poblado de Chagualito, en La Libertad, las Fuerzas Armadas (FFAA) han asumido el control del orden interno, con el apoyo de la Policía Nacional. Para reforzar la seguridad territorial afectada por la minería ilegal, se dispuso la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz, rigiendo desde las 22:00 h hasta las 05:00 h.
En las provincias fronterizas de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, las Fuerzas Armadas también asumirán el control del orden interno. La medida busca enfrentar el accionar de grupos hostiles y fortalecer el control migratorio y fluvial en la zona.
Esta declaratoria articula una participación multisectorial a través del Comité Estratégico de Orden Interno y el Comando Unificado Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, responsables de operaciones integradas de interdicción contra el narcotráfico, la minería ilegal y el control en los puestos fronterizos de los ríos Putumayo y Yavarí.
En la región Madre de Dios, el estado de emergencia abarca los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto (provincia de Tambopata), así como los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe (provincia de Manu). En estas áreas, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, apoyada por las Fuerzas Armadas, para combatir la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico ilícito de drogas y otras actividades delictivas que impactan la seguridad regional.
La medida fue aprobada en sesión del Consejo de Ministros y reafirma la decisión del Estado de asegurar una presencia sostenida en zonas priorizadas, proteger a la ciudadanía y consolidar acciones firmes contra las organizaciones criminales.
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