Con 1.174 denuncias en lo que va del año, San Juan de Lurigancho se convierte en el epicentro de la extorsión en Lima Metropolitana. Transportistas y comerciantes son los principales afectados.
El distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), el más poblado del país, enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, en lo que va del 2025 se han registrado 1.174 denuncias por extorsión, lo que lo convierte en el distrito más extorsionado de Lima Metropolitana.
Cada día, cientos de vecinos, transportistas y pequeños comerciantes reciben llamadas, mensajes o cartas amenazantes exigiendo pagos a cambio de “trabajar en paz” o proteger la vida de sus familias. Esta modalidad, conocida como “cobro de cupos”, ha escalado en frecuencia y violencia, afectando la economía local y la tranquilidad ciudadana.
Multiplicación exponencial de denuncias
La escalada del problema se evidencia en la comparación histórica. En 2019, SJL reportaba apenas 49 denuncias por extorsión. En seis años, la cifra se ha multiplicado casi 24 veces, evidenciando el avance del crimen organizado en zonas urbanas densamente pobladas.
Los sectores más afectados son:
• Transporte público informal y formal
• Comercios de barrio y mercados
• Empresas de construcción y ferreterías
• Locales nocturnos y restaurantes
Respuesta gubernamental y críticas
Ante esta situación, el Gobierno ha decretado estado de emergencia en Lima y Callao, con patrullajes mixtos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La medida incluye la suspensión de derechos constitucionales, como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de tránsito, además de restricciones al uso de motocicletas con dos adultos.
Sin embargo, vecinos y expertos advierten que estas acciones no abordan el núcleo del problema: la impunidad judicial, la falta de inteligencia criminal y la precariedad en la atención a víctimas.
Impacto social y resistencia vecinal
La constante amenaza ha generado estrés, ansiedad y miedo colectivo. Muchos comerciantes han cerrado sus negocios o migrado a otros distritos. Las escuelas reportan ausentismo por temor a enfrentamientos, y los servicios de transporte han reducido sus rutas en zonas críticas.
Organizaciones vecinales y colectivos juveniles han iniciado campañas de resistencia pacífica y denuncia comunitaria, pero exigen mayor protección institucional y canales seguros para reportar extorsiones sin represalias.
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