El fiscal de la Nación Pedro Chavarry resultó ser el sueño cumplido de fujimoristas y apristas que nunca imaginaron tener un fiscal hecho a la medida de sus apetencias políticas, un fiscal que lejos de colaborar con la justicia, le hace el juego a la mayoría abusiva de Congreso y colabora en la obstrucción de las investigaciones que involucran a los líderes de esos partidos políticos.
Apenas asumió el cargo Chavarry trazó una raya definiendo su posición opositora al Ejecutivo. A través de cuenta en twiter el fiscal de la Nación no dudó en amenazar al mandatario: «Presidente Vizcarra basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra (43 de su propio pueblo), serán tramitadas con el debido proceso. Respete usted a las instituciones y a la democracia», escribió Chavarry.
En los días subsiguientes Pedro Chavarry con inusitada rapidez “armó” una fiscalía a su medida. En tan solo 24 horas realizó 44 nuevos cambios entre fiscales provinciales y superiores. Los cambios se produjeron por designaciones y conclusiones de nombramientos. La mayoría de estas resoluciones tenían relación con fiscalías provinciales, pero también comprendían siete cambios en fiscalías superiores.
Como se sabe de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, el fiscal de la Nación representa al Ministerio Público y su autoridad se extiende a todos los funcionarios que lo integran, cualesquiera que sean su categoría y actividad funcional especializada.
De este poder Chavarry no rinde cuenta a nadie. Es decir, todo queda supeditado a sus propios intereses, que pueden ser los de la institución, o los de terceros.
Y en ese ejercicio de poder, Chavarry 24 horas después de la detención de Keiko Fujimori y horas después de que el Congreso archivara una denuncia en su contra, despidió a la abogada Erika Rocío Delgado Torres, una de las fiscales adjuntas que apoyaban al fiscal José Domingo Pérez Gómez, con el simple argumento de “necesidad del servicio”.
Abuso del poder
“Es decir (el fiscal Chavarry) tiene el poder, las armas para golpear o hacer daño. Yo prefiero no usar el término bélico porque acá lo que existe es una confrontación entre una nueva generación de fiscales, que aspiran a una justicia limpia frente a lo que representa la justicia del señor César Hinostroza», señaló al respecto el exfiscal supremo Avelino Guillén.
A estas alturas del partido y en vísperas de las fiestas navideñas, Ya no cabe duda de que el objetivo de Chavarry es desarticular el equipo especial del caso Lava Jato.
Por eso a nadie extraña que haya declarado de que dentro de sus potestades estaba “remover” en cualquier momento al fiscal Domingo Pérez.
Tampoco sus reiterados pedidos al fiscal superior Rafael Vela solicitando el envío de información de las trece investigaciones que tiene bajo su cargo y un informe sobre los presuntos “cuestionamientos” a las condiciones en las que se habría suscrito el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña Odebrecht.
Que se sepa los únicos cuestionamientos que conoce son los de Rosa Bartra, congresista de Fuerza Popular.
Por último, un fiscal, como un juez no puede inmiscuirse en temas políticos cuando está en ejercicio.
Si eso no está penado, debería de estarlo.
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