Siete provincias concentran la mayor afectación contaminante de la minería ilegal e informal.
El Gobierno Regional de Puno ha declarado en situación de emergencia ambiental al departamento debido a la fuerte incidencia de la actividad minera ilegal e informal en siete de sus provincias.
La medida fue oficializada mediante la ordenanza 000015-2025-GRP/GR PUNO, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano. La declaratoria es «una medida excepcional y urgente frente a los impactos negativos que estas actividades generan en el ambiente, la salud pública, los ecosistemas y los medios de vida de las poblaciones», según se precisa en el documento.
La ordenanza será de aplicación en toda la región, pero hará énfasis en las zonas identificadas como altamente impactadas por contaminación minera, de acuerdo con informes técnicos de entidades competentes. La mayor incidencia de la minería ilegal e informal se registra en las provincias de Carabaya, Sandia, San Antonio de Putina, Azángaro, Huancané, Lampa y Melgar.
Objetivos y acciones inmediatas
La declaratoria de emergencia busca facilitar el control, supervisión y fiscalización de la actividad minera en la jurisdicción. Esto permitirá implementar «acciones inmediatas» de remediación ambiental, formalización minera y adecuación ambiental en la región.
El marco legal regional que activa esta emergencia permitirá también priorizar la remediación de áreas impactadas, proteger la salud pública de la población expuesta e impulsar la acción intergubernamental frente a la minería ilegal.
Las acciones a adoptarse «deberán desarrollarse con la participación activa de las comunidades locales» y bajo un enfoque multisectorial, sostenido y transparente, con el fin de restaurar los ecosistemas afectados, reducir los riesgos para la salud pública y promover un desarrollo territorial equilibrado y sostenible.
Metales pesados y entidades comprometidas
Informes técnicos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Dirección Regional de Salud de Puno «evidenciaron la presencia de metales pesados (mercurio, plomo, cadmio, arsénico, entre otros) en cuerpos de agua, suelos y organismos vivos» en diversas zonas. Esta situación «pone en riesgo la salud pública, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico local y la integridad de ecosistemas frágiles».
La Gerencia Regional de Autoridad Ambiental, en coordinación con las direcciones de Energía y Minas, y de Salud del Gobierno Regional de Puno, formularán e implementarán el Plan de Acción Ambiental Regional de Emergencia en un plazo máximo de 60 días.
Finalmente, el Gobierno Regional de Puno gestionará ante el Poder Ejecutivo y organismos internacionales el apoyo técnico, financiero y logístico necesario para atender la situación, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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