La sanción responde a la subvaluación de inmuebles y la omisión de dos estacionamientos en su declaración de bienes.
La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) desestimó la solicitud de destitución contra la jueza superior Enma Benavides, hermana de la ex-fiscal de la Nación, optando en su lugar por una suspensión de cuatro meses.
Esta sanción, determinada el 23 de febrero de 2026 por el magistrado Aníbal Paredes tras una orden de revisión del jefe de la ANC, Roberto Palacios Bran, responde a la comisión de faltas muy graves relacionadas con la falsificación y omisión de información en sus declaraciones juradas de bienes y rentas entre los años 2015 y 2023.
Irregularidades en el patrimonio declarado
La investigación disciplinaria, independiente de sus procesos por presuntos fallos a favor del narcotráfico, se centró en la subvaluación de inmuebles y la ocultación de activos, acciones que vulneran el deber de mantener una conducta intachable y los principios de probidad exigibles a la magistratura.
Respecto al inmueble en La Molina, Benavides declaró valores de entre 355 mil y 680 mil soles pese a que el precio real de compra superó los 465 mil dólares, mientras que en una propiedad en Surco consignó montos de hasta 127 mil soles por un bien adquirido originalmente por 100 mil dólares.
Asimismo, se detectó la omisión en Cañete de dos estacionamientos valorizados en 10 mil dólares, los cuales poseen partidas registrales independientes y no fueron transparentados en sus reportes patrimoniales.
Fundamentos de la sanción y defensa
Aunque la defensa de la magistrada alegó que las cifras reportadas correspondían al valor del autovalúo, la Unidad de Sanción rechazó dicho argumento al considerar que existe un incumplimiento inexcusable de los deberes judiciales.
Pese a la gravedad de los hechos, la ANC-PJ determinó que la suspensión de cuatro meses es una medida «proporcional», argumentando la ausencia de antecedentes disciplinarios y la falta de agravantes adicionales. Esta sanción administrativa entrará en vigor una vez que sea ratificada por la Oficina Central del Procedimiento Administrativo Disciplinario.
