El Poder Judicial creó el Grupo de Alto Nivel para la Aplicación de la Pena Justa y contra la Cibercriminalidad Organizada, el cual estará presidido por el juez supremo titular y presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Prado Saldarriaga.
La constitución de este grupo cumple el compromiso efectuado por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, al asumir el cargo en enero, cuando anunció esta medida para evaluar la coherencia y proporcionalidad de las sentencias impuestas, en el marco de la política contra la inseguridad ciudadana.
Prado Saldarriaga expresó que la finalidad radica en dos espacios: uno, en la aplicación de penas justas y medidas pertinentes y legales por parte de las juezas y jueces penales, y, el otro, para afrontar la cibercriminalidad organizada que requiere una jurisdicción especializada.
Cibercriminalidad organizada
El juez supremo señaló que el Poder Judicial es la única institución del componente del sistema penal que no cuenta con una unidad especializada para el procesamiento de la cibercriminalidad organizada.
“Mi visión es crear un subsistema (especializado) que, pensemos, puede ser una unidad orgánica dentro de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que tenga sus distintos niveles, y se encargue de este tipo de delitos”, anotó.
Añadió que este es un proceso de largo aliento y va a requerir de mucho esfuerzo de la institución, pero que es necesario e insoslayable en la actualidad.
Recordó que, en agosto del año pasado, participó en representación de Perú, en la elaboración del proyecto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.
“Perú aportó, sobre todo, en la necesidad de criminalizar el lavado de activos virtual; es decir, las operaciones que se hacen con criptomonedas”, indicó el magistrado.
En ese sentido, sostuvo que nuestro país dejará una huella importante en el contexto internacional, pues el referido proyecto está por ser aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Pena justa
Prado Saldarriaga, asimismo, señaló que uno de los problemas frecuentes es que las juezas y jueces aplican castigos penales que son benévolos o que, muchas veces, liberan a delincuentes cuando no hay una razón legal para ello.
“La pena justa es un principio rector de la determinación de los castigos penales, su enunciado esencial en términos simples dice que se tiene que aplicar la pena que corresponda en el caso”, explicó.
El magistrado precisó que, si es un caso grave, la pena tiene que reflejar esa situación; y si es un caso de mediana gravedad o leve, igual, el castigo tiene que ser proporcional a esa dimensión.
Además, señaló, la pena tiene que considerar todo lo que aconteció, los medios que se emplearon, la calidad de la víctima, la condición del agente que realizó el delito, si era reincidente o no, la posibilidad de una reparación para la víctima.
El magistrado expuso que el objetivo es que todos los jueces y juezas desarrollen este programa de capacitación, potencien sus capacidades, obtengan aptitudes que les dé el perfil profesional idóneo para aplicar penas justas y “excarcelar cuando tengan que excarcelar y encarcelar cuando tengan que encarcelar”.
Reunión
Precisamente, con este propósito, Prado Saldarriaga, conjuntamente con la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, sostuvo una primera reunión con los presidentes/as de las cortes superiores de Lima, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, Puente Piedra-Ventanilla y Callao, donde empezará la primera etapa del programa de capacitación, en mayo.
De manera progresiva, se desplazará a otras cortes superiores como La Libertad, Piura, Arequipa, Junín y otras con gran incidencia delictiva.
Fuente: Agencia Andina
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