La aprobación de la propuesta que plantea el establecimiento del marco general para promover el desarrollo del mercado de los biocombustibles podría poner al país en un escenario muy competitivo a nivel latinoamericano.
Así lo sostuvo la congresista Alejandra Aramayo (FP), autora de la propuesta que busca modificar varios artículos de la Ley N° 28054 que promueve la promoción del mercado de biocombustible.
“Les pediré que revisen bien el proyecto”, afirmó con relación a su debate y aprobación en el pleno una vez que esté terminado probablemente a fines de enero próximo.
Aramayo Gaona dijo que unas 20 mil familias se beneficiarían con los efectos de la aplicación de la ley, que modificada, respondería a un fin social, optimizar la calidad del combustible, mejorar el ingreso de las familias y la seguridad en el transporte.
La legisladora convocó a representantes de distintos sectores para analizar la situación del biocombustible en el país y el mejoramiento de una fórmula que conduzca a mejorar el producto, entre ellos a especialistas de Petroperú, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; Repsol Perú; del Ministerio de Energía y Minas, de Osinergmin; y de Heaven Petroleum Operators S.A.
Aramayo indicó que lo que se busca es que el mercado nacional pueda ser competitivo en material biocombustible, que es un componente del biodiesel derivados de recursos renovables, tales como aceites vegetales o grasas animales que son usados en motores de ciclo Diesel.
“En algún momento, cuando había una gran producción de coca, en el país – a través de DEVIDA- se habló de programas alternativos para que esos cultivos sean desplazados por palma aceitera que deviene en una industria muy grande”, anotó.
“Ahora, en el Perú se está adquiriendo este producto por parte de importantes competidores extranjeros que ingresan al país con un subsidio de sus gobiernos, lo que implicaría generar una competencia desleal al productor nacional”, afirmó.
La parlamentaria sostuvo que lo que se quiere es que el productor nacional eleve sus estándares de calidad para que no haya alteraciones en los equipos de las minas que utilizan el combustible Diesel para el transporte de sus vehículos.
Consideró que se trata de un tema complejo y que la norma reguladora existente, que tiene una antigüedad de 13 años, tiene un comité técnico que nunca se instaló. Lo peor -dijo- es que no hay un informe anual de la experiencia de nuestro país en esa materia de biodiesel, lo cual es preocupante.
Sostuvo que esos sectores no han sido influenciados por la innovación tecnológica y que debería haber centros de innovación por parte del Estado para mejorar las condiciones competitivas.
“El productor se encuentra en una situación difícil. El Estado le dice: te compro si mejoras. El productor, por su lado, dice cómo mejoro si no tengo un mercado asegurado y tengo que invertir en las plantas y eso genera un costo. Este tema pasa por determinar cuál es el rol del Estado en la promoción de la norma”, manifestó.
Indicó que durante la mesa de trabajo se ha visto la existencia de algunas vulnerabilidades como la falta de especificaciones técnicas y la fórmula para el biodiesel, situación en la que desde hace ocho años no se han puesto de acuerdo. Una segunda mesa de trabajo ha sido prevista para el próximo 14 de enero.
Aramayo saludó la presencia casi total de los asistentes ante un tema que puede beneficiar a muchas familias excluidas donde hay una industria grande.
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