El Gobierno peruano oficializó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), organismo que asumirá la rectoría del sistema penitenciario. La medida busca modernizar la gestión carcelaria, centralizar las políticas de reinserción y combatir problemas estructurales como la corrupción y la infiltración del crimen organizado en los centros de reclusión.
Mediante el Decreto Legislativo 1710, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se estableció que la Sunir funcionará como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Esta institución contará con autonomía administrativa, funcional y financiera, además de personería jurídica propia para ejercer sus competencias sobre la población penitenciaria y adolescentes en conflicto con la ley penal.
La normativa dispone la fusión por absorción del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres). Con esta disposición, la Sunir se convierte en la entidad absorbente, asumiendo la totalidad de las funciones y recursos de las instituciones mencionadas para unificar el mando del sistema nacional de internamiento.
Proceso de transferencia y plazos
Para ejecutar la transición, el Minjusdh conformará en un plazo de 10 días hábiles una Comisión de Transferencia. Este grupo de trabajo será responsable de coordinar el traspaso de bienes muebles e inmuebles, recursos financieros, acervo documentario y personal. El proceso de fusión deberá concluir en un periodo de 90 días hábiles, con una prórroga única de hasta 30 días adicionales según lo determine la resolución ministerial.
La finalidad de la Sunir es garantizar un control efectivo y seguridad en los establecimientos, protegiendo los derechos fundamentales durante los procesos de resocialización. El decreto lleva la firma del presidente José Jerí, junto al presidente del Consejo de Ministros y el titular del sector Justicia, marcando el inicio de una reestructuración integral del sistema de seguridad e internamiento en el país.
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