El expresidente Martín Vizcarra presentó un recurso de apelación contra la sentencia que le impuso 14 años de cárcel por presuntos actos de cohecho vinculados a las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
La medida entregada por la defensa del exmandatario busca que un tribunal superior revise la decisión emitida el 26 de noviembre de 2025.
El escrito fue dirigido al Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, instancia que lo declaró autor de cohecho pasivo propio en dos hechos atribuidos por la Fiscalía. La defensa sostiene que existen fundamentos que ameritan modificar o anular la condena dictada en primera instancia.
La sentencia también estableció que el exmandatario deberá cumplir pena efectiva en el penal que disponga el INPE, además de enfrentar una inhabilitación de nueve años para ejercer cualquier función pública. La resolución incluyó una multa superior a S/94.000 y una reparación civil que asciende a S/2,3 millones, a pagar de forma solidaria con empresas contratistas.
El recurso plantea además observaciones al análisis jurídico del Poder Judicial y a la valoración de pruebas presentadas durante el proceso. La defensa de Vizcarra insiste en que el fallo contiene errores que deben ser revisados por la Sala Penal de Apelaciones Nacional.
La defensa de Martín Vizcarra invoca su derecho constitucional a la pluralidad de instancia y cuestiona la forma en que el colegiado justificó la condena. Alega que el tribunal no valoró adecuadamente la actuación del exgobernador de Moquegua ni las pruebas presentadas en su descargo. También señala que la sentencia carece de motivación suficiente en algunos extremos.
El documento impugna la declaración de responsabilidad por cohecho pasivo propio, así como el cálculo de la pena. Sostiene que los hechos atribuidos no configuran el delito en la forma descrita por la resolución judicial y pide una revisión completa de los fundamentos utilizados para imponer los 14 años de cárcel y la inhabilitación.
La apelación también intenta revertir la reparación civil establecida en favor del Estado, que asciende a más de S/2 millones. La defensa plantea que no existe prueba suficiente para responsabilizarlo por un perjuicio económico y cuestiona la decisión de imponer el pago solidario junto a empresas constructoras involucradas en los proyectos de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
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