Por Dayan Condori
Artículo de opinión
En los últimos días, los ataques al sector de transportistas estremecieron a la capital. Los recientes ataques a empresas de transporte Los Azulitos, Los Loritos y el consorcio Roma llevaron a paro a un gran sector de sus trabajadores en una clara demostración de la desesperación por temor a sufrir nuevos ataques. Esta situación se convierte en la constante de la “Ciudad de los Reyes”, donde los únicos que reinan son las organizaciones criminales.
Lo ocurrido con estas empresas no es un hecho aislado ni circunstancial; es el claro síntoma de una problemática estructural en el país. El desarrollo y expansión del crimen organizado en la economía formal del país demuestra que la capacidad de operación del Estado se ve sobrepasada por estas organizaciones criminales. Si la columna vertebral de la ciudad, como lo es el transporte público, se paraliza por miedo y amenazas, el mensaje es claro: “El Estado está perdiendo el ius imperium y el pueblo se queda a merced del enemigo”.
¿Esta situación solo es en Lima? No. Esta situación se repite en todo el país; la minería ilegal, contrabando de armas, tráfico de drogas, sicariato son solo algunos de los principales problemas del país. ¿Y por que estas estructuras criminales han logrado consolidarse con tal nivel de impunidad? – La respuesta radica en la inacción y falta de voluntad política, y es por que la clase gobernante dejo que se acreciente el problema sin brindar soluciones reales y audaces hacia esta problematica, tanto es asi la gravedad del asunto que las misma autoridades se ven coludidas en este accionar, situaciones donde la policia “quienes deberian protegernos de los criminales” son parte misma de estas organizaciones, donde los jueces y fiscales liberan a delincuentes y donde la clase politica se ve sobornada o amenazada como paso en Ica, donde su alcalde fue victima de un atentado contra su vida.
Relatando nuestra realidad nacional, ciertas son las palabras del presidente salvadoreño Nayib Bukele: “No hay gobierno que no pueda acabar con la delincuencia; si no lo hace es porque la delincuencia forma parte del gobierno”. Estas palabras pueden sonar duras pero interpelan directamente a nuestra realidad, la respuesta no puede limitarse a estados de emergencia temporales o anuncios mediaticos, se requiere de una politica integral de seguridad que incluya inteligencia operativa real, depuracion profunda de la Policia Nacional, fortalecimiento del sistema penitenciario, reforma procesal que evite la liberacion sistematica de delincuentes reincidentes y una lucha frontal contra la corrupcion dentro del propio aparato estatal.
Se espera que el próximo proceso electoral no se convierta en un simple intercambio de promesas vacías ni en una competencia de discursos populistas sobre mano dura. El país no necesita eslóganes, necesita planes concretos, medibles y ejecutables. En estas elecciones, como ciudadanos debemos exigir a cada candidato respuestas y estrategias claras con una política criminal integral que articule prevención, persecución efectiva y exista voluntad política para intervenir zonas tomadas por economías ilegales, recuperar el control territorial y proteger sectores estratégicos como el transporte, la minería formal y el comercio.
Nuestro voto ya no puede basarse únicamente en afinidades ideológicas o discursos; estamos en un contexto de crisis nacional donde el crimen organizado disputa espacios de poder; nuestro voto tiene consecuencias directas en la seguridad y en la estabilidad del país. Nuestro Perú no puede seguir siendo un país donde el trabajador honesto vive con miedo mientras el delincuente opera con impunidad; nuestra sociedad no necesita de discursos, necesita autoridad firme y clara. Porque cuando el miedo reemplaza a la ley, la nación se debilita y, cuando el Estado renuncia a su autoridad, deja de ser un Estado funcional.
