La transnacional china Shougang Hierro Perú tiene una sanción interpuesta por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), por un monto de 564 mil soles, por faltas graves y muy graves, por no cumplir con la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, frente al riesgo de la exposición de Covid-19, dijo a Gran Angular, Julio Ortiz, Secretario General del Sindicato de Obreros de Shougang.
A pesar de que la mina china ha obtenido el año 2019 ganancias netas por mil sesenta y un millones de soles, las condiciones en las que vienen laborando los trabajadores mineros en este contexto del COVID-19, son precarias, la empresa ha instalado, por ejemplo, carpas improvisadas en zonas descampadas, donde corre mucho viento y las temperaturas bajan entre las noches y las madrugadas, pero por no perder el trabajo deben permanecer bajo esta situación entre 30 a 50 días sin salir de la unidad minera, denuncia Julio Ortiz.
Aunque el organismo de fiscalización laboral ha sancionado a la empresa por faltas graves y muy graves, por un monto de 564 mil soles, no ha habido medidas correctivas por parte de la empresa.
Ortiz afirma que la minera Shougang tiene capacidad económica muy fuerte, lo cual les permite atender y preocuparse por la salud de sus trabajadores. Sin embargo, no lo está haciendo. «No contamos con la presencia de un médico especialista en el área de trabajo para que diagnostiquen y traten a los posibles trabajadores contagiados, ni se les está realizando la toma de pruebas rápidas ni moleculares. Hemos tenido que solicitar a Essalud que nos hagan las pruebas rápidas, quienes han tomado las pruebas a mil personas, cuando pudo haberlo hecho la empresa minera«, manifiesta el dirigente sindical.
Esta situación ha llevado a los trabajadores a denunciar el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad ante las autoridades correspondientes, como la Sunafil (Ministerio de Trabajo), el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) y ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, donde el Secretario adjunto del Sindicato de Obreros, Jorge Mejía, expuso las condiciones en las que vienen laborando los trabajadores minero. Como represalia la empresa decidió despedirlo arbitrariamente en plena pandemia, actualmente el caso está en instancias judiciales.
«Ha habido hostigación y persecución hacia los trabajadores que denunciamos, han despedido a Mejía por denunciar el incumplimiento del protocolo sanitario ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Incluso, a la congresista Julia Aiquipa que atendió nuestro caso, la empresa le ha enviado una carta notarial para que se rectifique de las denuncias que hizo», acotó.
Otro tema que denuncian los trabajadores es que fueron afectados por la suspensión perfecta de labores. Ortiz menciona que un total de 597 trabajadores estuvieron bajo suspensión perfecta en el mes de junio, quienes no recibieron sus respectivos salarios. «Los trabajadores llegaron hasta Lima para iniciar un litigio laboral administrativo ante el Ministerio de Trabajo. Esperamos una actuación imparcial por parte de las autoridades para resolver este problema que se inició con la aplicación de la suspensión perfecta por parte de la minera».
Por otro lado, el secretario general menciona que los representantes sindicales también se encuentran en medio de una negociación colectiva con la empresa para evitar que se sigan vulnerando los derechos en el contexto de la crisis sanitaria. «Son dieciocho años en los que hemos tenido que recurrir a las huelgas para solucionar nuestro pliego de reclamos», dice.
Ortiz también denunció la muerte del trabajador minero Juan Tovar, quien falleció dentro de la unidad minera y demandó que se investigue las circunstancias de cómo y de qué falleció.
Finalmente, lamentó la situación en la que se encuentra Marcona por no contar con un hospital que trate a los pacientes contagiados de COVID-19, «no tenemos un lugar de aislamiento para sospechosos de Covid-19; tenemos que irnos hacia Ica o Lima para recibir atención. Debido a la saturación hospitalaria han fallecido trabajadores mineros y familias de Marcona».
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