l Parlamento de Israel ha marcado un precedente histórico al aprobar la pena de muerte por ahorcamiento dirigida a palestinos de la Cisjordania ocupada que resulten culpables de matar a ciudadanos israelíes. Esta medida, impulsada por la coalición de gobierno de Benjamín Netanyahu con 62 votos a favor, transforma una figura legal inactiva desde 1962 en un castigo por defecto dentro de los tribunales militares, los cuales poseen una tasa de condena del 96% y tienen jurisdicción exclusiva sobre la población palestina, mientras que los colonos judíos en la misma región permanecen bajo la legislación civil.
La nueva normativa estipula que la sentencia de muerte no requiere unanimidad, bastando una mayoría simple de jueces, y reduce el margen para la cadena perpetua a casos estrictamente excepcionales. El texto legal impone un cronograma rígido que exige la ejecución en un plazo de 90 días sin derecho a indulto, enfocándose en actos definidos como «terrorismo» que busquen negar la existencia del Estado de Israel.
Esta redacción asegura, en la práctica, que la ley afecte únicamente a palestinos, ya que crímenes cometidos por israelíes contra palestinos -como el caso citado de Baruj Goldstein- no cumplen con los criterios políticos específicos de la norma.
El ministro de Seguridad Nacional y principal promotor de la ley, Itamar Ben Gvir, ha calificado la aprobación como un «logro histórico» y una herramienta de disuasión fundamental, a pesar de la fuerte oposición internacional y las protestas dentro de la propia Knesset.
La Unión Europea y los ministros de Exteriores de potencias como Alemania, Francia e Italia han manifestado su profunda preocupación, advirtiendo que este paso socava los compromisos democráticos de Israel y contraviene la tendencia global hacia la abolición de la pena capital, mantenida hoy solo por 54 países según Amnistía Internacional.
Organizaciones de derechos humanos como Btselem y la Asociación por los Derechos Civiles han denunciado que la ley institucionaliza la deshumanización y el apartheid, consagrando un trato cruel y discriminatorio en la legislación estatal.
Estas entidades han anunciado que impugnarán la medida ante el Tribunal Supremo, argumentando que la normativa es ilegal bajo el derecho internacional. La situación se agrava ante la posibilidad de que el sistema judicial, ya cuestionado por denuncias de confesiones obtenidas mediante tortura en cortes castrenses, normalice la ejecución estatal en un contexto de creciente violencia y polarización política a pocos meses de las próximas elecciones legislativas.
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