Desde el 17 al 20 de mayo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron un operativo de gran escala en el distrito de Pataz, región La Libertad, que resultó en la destrucción de 17 socavones y 10 plantas procesadoras ilegales de oro. La acción se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para contener el avance de la minería ilegal en zonas de alta conflictividad.
La intervención se llevó a cabo en las localidades de La Soledad y Pataz, donde operaban estructuras mineras presuntamente vinculadas a redes criminales. Además de los socavones y plantas, se destruyeron 25 motores, más de 3000 galones de combustible, 80 zarandas vibratorias, generadores eléctricos y otros insumos valorizados en más de 2 millones de soles, según estimaciones preliminares del Ministerio del Interior.
De acuerdo con información oficial, estas operaciones no contaban con autorización del Estado ni inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), por lo que fueron consideradas ilegales. El Ministerio Público precisó que los operativos se ejecutaron sin enfrentamientos ni víctimas.
Pataz es actualmente una de las provincias más afectadas por la expansión de la minería ilegal e informal en el norte del país. En lo que va del año, se han registrado varios episodios de violencia vinculados a mafias que controlan territorios mineros y que extorsionan a trabajadores locales.
Especialistas advierten que, si bien estas intervenciones buscan frenar el impacto ambiental y el fortalecimiento de economías ilegales, no siempre van acompañadas de procesos sostenibles de formalización minera. En muchos casos, pequeños mineros sin recursos ni apoyo técnico terminan siendo arrasados junto con las grandes operaciones ilegales.
Las autoridades indicaron que estas acciones continuarán en los próximos meses como parte del plan nacional contra la minería ilegal. Sin embargo, organizaciones sociales y especialistas insisten en la necesidad de fortalecer la fiscalización ambiental e impulsar los mecanismos de formalización, especialmente en regiones donde la minería artesanal representa la principal fuente de ingresos.
