El Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, ha ordenado la captura internacional del ex-presidente Juan Orlando Hernández (JOH), acusado de lavado de activos y fraude vinculados al caso Pandora II.
Esta acción judicial se anuncia poco después de que Hernández recobró su libertad gracias a un indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Paralelamente, el país atraviesa una crisis poselectoral, donde el Partido Libertad y Refundación (Libre) ha solicitado la nulidad del escrutinio presidencial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en el sistema de transmisión de resultados.
Orden de captura internacional
El fiscal general Johel Zelaya comunicó este lunes, a través de sus redes sociales, haber instruido a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a los organismos de seguridad estatales e internacionales, incluida la Interpol, para ejecutar la orden de captura internacional contra el ex-presidente Juan Orlando Hernández. La acción fue anunciada estratégicamente en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre.
«He instruido a la ATIC y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el ex-presidente Juan Orlando Hernández», expresó Zelaya, quien afirmó que Honduras ha sido «lacerada por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales».
La orden de detención se activa a pesar de que Hernández fue recientemente indultado por Donald Trump, lo que le permitió recuperar su libertad y exponerse públicamente a través de plataformas sociales. La Fiscalía hondureña mantiene la acusación por lavado de activos y fraude vinculados al caso Pandora II, y Zelaya aseguró que la «lucha es frontal» y que estas acciones forman parte del compromiso del Ministerio Público en el combate a la corrupción.
Extradición y antecedentes del caso
Días antes del anuncio del fiscal general, Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), confirmó a un medio local que la orden de captura contra JOH en el marco del caso Pandora II está activa desde 2023 y ya había sido comunicada a la Interpol.
Santos detalló que, si el ex-mandatario regresa al país, debe ser detenido inmediatamente y remitido ante un juez, como cualquier persona con una orden de captura activa. En caso de que Hernández no regrese a Honduras, el jefe de la Uferco afirmó que se solicitará su extradición.
Partido Libre solicita la nulidad del escrutinio presidencial
En un contexto paralelo de crisis política, el Partido Libertad y Refundación (Libre) interpuso una acción de nulidad administrativa contra los escrutinios practicados en las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) del nivel presidencial. La denuncia, elevada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), señala que las fallas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) han distorsionado la voluntad popular y vulnerado la Ley Electoral, contaminando el proceso.
El escrito de nulidad, presentado por el abogado Edeson Javier Argueta, apoderado legal de Libre, señala el «desastre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)». Esta solicitud se presenta mientras el escrutinio del CNE permanece paralizado, con múltiples interrupciones desde las elecciones generales.
Según el recuento preliminar del CNE, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, encabeza la contienda con el 40,19 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,49 %. La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer lugar con el 19,30 % de las papeletas, con el 88,02 % de las actas escrutadas.
Salvador Nasralla también denunció «inconsistencias y errores graves» en más de 5.000 actas electorales y solicitó una «revisión minuciosa» al CNE. Nasralla afirmó que estas irregularidades están «alterando la voluntad del pueblo» y que, según su equipo de cómputo, él ganó las elecciones.
El abogado de Libre solicitó además la nulidad administrativa de los escrutinios correspondientes a los designados presidenciales (vicepresidentes) y a los diputados del Parlamento Centroamericano. Argueta señaló que el conteo de los votos «adulterando la voluntad popular, violentando la ley electoral». Solicitó al ente electoral admitir la acción de nulidad, programar una audiencia y, en caso de declararse con lugar, ordenar «reponer la elección» presidencial en todas las JRV.
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