La Comisión de la Mujer y Familia, que preside la congresista Tania Pariona Tarqui (NP), dejó al voto para la aprobación del dictamen del proyecto de ley que fortalece la implementación de espacios de acogida temporal para víctimas de trata de personas.
La propuesta, que es de autoría de la legisladora Karla Schaefer (FP), precisa que la denominación de espacios de acogida temporal para víctimas de trata de personas comprende a los hogares de refugio temporal y a los centros de acogida residencial, que hace mucha falta en el país.
Indica que el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) propiciará preferentemente la asignación en uso de bienes muebles incautados a favor de las entidades encargadas de la implementación de espacios de acogida temporal para víctimas de trata de personas y previo cumplimiento de los criterios y condiciones establecidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de conformidad con las normas que regulan la implementación de los espacios de acogida.
Incorpora disposiciones complementaria, transitoria y final en la Ley 28950, contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, en la que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Interior diseñarán un programa presupuestal multisectorial para la implementación de las políticas en materia de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
El grupo de trabajo también dejó al voto el dictamen del proyecto de ley que modifica el artículo 168-B del Código Penal sobre el trabajo forzoso, que precisa que el somete u obliga a otra persona, a través de cualquier medio o contra su voluntad a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 12 años y multa de 100 a 200 días de multa.
La misma pena se impondrá a quien adquiere, almacena, negocia u oculta los bienes producto del trabajo o servicio que se describe en el párrafo anterior, cuyo origen ilícito tenía conocimiento. La pena será privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 20 años y multa de 300 a 375 días de multa si el agente es familiar de la víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, si existe pluralidad de víctimas, si la víctima tiene menos de 14 años de edad, si es adulta mayor, si tiene discapacidad o enfermedad grave, si es indígena, es trabajador inmigrante o está en cualquier caso de vulnerabilidad.
Los dos dictámenes no fueron votados debido a que varios parlamentarios de diferentes bancadas tuvieron que asistir a la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, en la cual se presentaba la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, a fin de sustentar su pliego presupuestal.
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