El Perú afronta una severa crisis política en un contexto de incertidumbre internacional derivada de la crisis sanitaria y un escenario de guerra localizado en Europa, pero con consecuencias en los mercados internacionales de hidrocarburos y presiones inflacionarias en las economías europeas y en los Estados Unidos.
El gobierno de Pedro Castillo carece de iniciativa y de liderazgo; en algo menos de 9 meses se ha puesto al descubierto que existe una red de corrupción en el entorno presidencial más cercano, que ha generado que el Poder Judicial haya dictado mandato de detención preventiva por 36 meses contra el ex Secretario General de la Presidencia de la República (Bruno Pacheco) y los sobrinos del presidente.
El fracaso del gobierno se expresa en el aumento del desempleo y la pobreza; la caída de la inversión privada, la salida de capitales, la virtual parálisis de la inversión pública en todo el país; todo ello en un contexto de inflación, que impacta en los hogares de menores ingresos. La designación de sucesivos gabinetes y de funcionarios sin solvencia moral e incapacidad para la gestión pública, son una constante en un gobierno que dinamita la economía nacional y que carece de visión política para emprender un Programa de Emergencia frente a la crisis.
El Perú debe recuperar la senda del crecimiento, promover la inversión nacional y extranjera, alentar la producción minera, más aún en un contexto de alza de precios de los minerales en los mercados internacionales; dejando atrás las acciones antimineras en contra de proyectos estratégicos como Cuajone, las Bambas, Antamina y otros. El gobierno por un lado alienta la violencia contra actividades productivas esenciales y a la par no es capaz de dialogar con transportistas, agricultores y la población en general que se moviliza en defensa de la libertad y el derecho al bienestar.
La protesta ciudadana en Huancayo e Ica en particular ha sido contundente y la multitudinaria protesta en las calles de Lima (el 5 de abril) como consecuencia de la arbitraria imposición de un «toque de queda» durante 24 horas; en mi concepto representan hitos en la lucha de un pueblo por defender sus derechos frente a la amenaza totalitaria que se cierne sobre el Perú.
El Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla respaldan al gobierno de Pedro Castillo, del mismo modo Perú Libre y los extremistas de izquierda que forman parte del Movadef (brazo político de Sendero Luminoso). Es el momento de confrontar política e ideológicamente con todos aquellos que desde el marxismo ortodoxo, el neomarxismo, el maoísmo y el castrochavismo pretenden imponer un proyecto político autoritario financiado por el narcotráfico internacional con presencia en las tiranías de Cuba, Nicaragua y Venezuela en especial.
La asamblea constituyente es el arma política y el pretexto para imponer una tiranía en nuestro país; más aún cuando se atribuye falsamente la mala gestión y corrupción del actual gobierno a la vigencia del texto constitucional de 1993.
La renuncia o vacancia de Pedro Castillo por un lado y la renuncia de la Vice Presidenta Dina Boluarte (forma parte de la organización criminal «Los Dinámicos del Centro») abrirá el camino a la instalación de un gobierno de transición que convoque a elecciones generales, las mismas que deben ser organizadas por nuevas autoridades electorales en el plazo más breve. Dejemos atrás todo atisbo de dictadura.
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