Autoridades ejecutan control de identidad masivo ante el incremento de la criminalidad.
El Ministerio del Interior desplegó un operativo masivo de control territorial y migratorio en Lima que culminó con la intervención de más de 1.000 ciudadanos extranjeros, superando ampliamente las cifras proyectadas inicialmente.
La movilización policial y militar se concentró en el sector de Los Cibeles, en el Rímac, un punto crítico identificado por la alta incidencia de extorsiones y delitos patrimoniales. Esta acción estatal coincidió con una jornada de paralización del transporte público que reclama medidas urgentes ante la creciente violencia e inseguridad que afecta al sector en la capital.
Despliegue masivo en zonas de alta criminalidad
La intervención en el Rímac contó con la participación de más de 500 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el respaldo del Ejército, bajo la supervisión directa del ministro del Interior, Vicente Tiburcio. El operativo priorizó el uso de tecnología biométrica para contrastar identidades en tiempo real y detectar antecedentes penales o situaciones migratorias irregulares.
Según el teniente general PNP Manuel Lozada, director de la Dirincri, la cifra de intervenidos se duplicó conforme avanzó la jornada nocturna, reflejando la magnitud del control ejercido en avenidas y vehículos de transporte público.
La presencia del superintendente nacional de Migraciones facilitó la evaluación inmediata de los casos donde se detectaron irregularidades administrativas. Las autoridades recalcaron que estas acciones no buscan la estigmatización de la población extranjera, sino el ordenamiento y la prevención del delito bajo el estricto respeto a los derechos humanos.
Aquellos ciudadanos que no lograron acreditar su estatus legal en el país fueron derivados a las instancias correspondientes para iniciar los procedimientos que establece la normativa vigente en materia de extranjería.
El operativo se ejecutó simultáneamente a un paro de transportistas que involucró la suspensión del servicio de más de 20.000 unidades, en protesta por los recientes ataques que han cobrado la vida de dos conductores. La presión social sobre el Ejecutivo ha escalado debido a los ocho atentados registrados contra el gremio en lo que va del año, situando a la seguridad ciudadana como la prioridad absoluta de la agenda pública.
Aunque los vecinos del Rímac recibieron el despliegue con optimismo, las organizaciones civiles y el sector transporte esperan que estas intervenciones se mantengan de forma permanente y no como medidas aisladas.
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