El Poder Ejecutivo ha ratificado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, un instrumento estratégico diseñado para articular la respuesta del Estado frente a la delincuencia. Esta política pública, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 001-2026-IN, establece las directrices para prevenir el delito y garantizar derechos fundamentales como la vida y la integridad personal durante el próximo trienio.
La nueva hoja de ruta tiene como propósito ordenar y orientar la actuación estatal a través de ejes de intervención específicos y fases operativas. Su cumplimiento es de carácter obligatorio para los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), así como para todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec).
Para asegurar la efectividad del plan, el dispositivo legal contempla los siguientes puntos:
Responsabilidades Institucionales: Define mecanismos de coordinación intersectorial para evitar la duplicidad de funciones.
Seguimiento y Evaluación: El Ministerio del Interior, mediante la Dirección General de Seguridad Ciudadana, dispone de diez días hábiles para establecer los sistemas de monitoreo que permitan medir el impacto de las acciones.
Financiamiento: La ejecución de las estrategias se sustentará en el presupuesto institucional de cada entidad involucrada, bajo el marco de las leyes anuales de presupuesto, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
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