Delegaciones del sur y centro del país iniciarán marcha hacia Lima este 25 de enero.
La denominada Generación Z peruana ha convocado a una «Marcha de Sacrificio» masiva para finales de enero, en respuesta al estancamiento de las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
La movilización, impulsada por colectivos de la «juventud consciente», se unirá a delegaciones de deudos de Puno, Ayacucho y Cusco, quienes iniciarán su traslado a la capital este 25 de enero. El reclamo central es la reactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), cuya desactivación por parte del fiscal de la nación interino, Tomás Aladino Gálvez, es denunciada como una medida que favorece la impunidad.
De protagonismo juvenil y simbolismo de resistencia
La participación de la Generación Z ha transformado la narrativa de la protesta, utilizando herramientas digitales e iconografía de la cultura popular, como el logo de la calavera del anime One Piece, para representar su resistencia.
Bajo el lema “No heredamos el miedo, heredamos la memoria y la lucha”, los jóvenes buscan demostrar que la exigencia de justicia es una demanda generacional que trasciende las regiones. Esta estrategia busca visibilizar el rechazo a la corrupción y el abandono estatal, integrando las demandas de los deudos del interior del país con el activismo de los colectivos de Lima.
La Marcha de Sacrificio comenzará el 25 de enero en la Plaza de Armas de San Vicente, en Cañete, desde donde los manifestantes avanzarán por la Panamericana Sur con el objetivo de ingresar a Lima el 28 de enero.
Esta fecha coincide con la conmemoración de la muerte de Víctor Santisteban, ocurrida en la capital durante las protestas de 2023. Delegaciones de Puno, Apurímac, Junín, La Libertad, Ica y Arequipa convergerán en esta movilización para ejercer presión sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Exigencias frente a la crisis en el Ministerio Público
Raúl Samillán, representante de los familiares de Juliaca, advierte que el desmantelamiento del Eficavip busca retrasar procesos que ya contaban con informes periciales y acusaciones listas. La denuncia señala que el cambio de fiscales especializados por personal sin conocimiento de los expedientes constituye una protección política hacia los responsables de los decesos.
En este contexto, la protesta se complementará con la difusión del proyecto documental ‘Uyariy’ y plantones en sedes fiscales para exigir que los responsables materiales y políticos enfrenten el rigor de la ley.
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