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lunes, 14 julio, 2025
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Fiscal de la Nación expresó «preocupación» por no haber sido convocada a mesa de trabajo con mineros

A través de un oficio, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, su «extrañeza y preocupación» por no haber sido convocada a la mesa de trabajo que tiene lugar hoy para abordar el proceso de formalización minera. 

Como se recuerda, la jefa de Estado convocó a la cita, tras las recientes protestas de mineros artesanales e informales que generaron bloqueos de vías en varias regiones del país. Boluarte anunció la participación del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; del defensor del Pueblo, Josué Gutierrez; de representantes de los gremios mineros, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú; y del presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, Paul Gutiérrez, mas no mencionó a la fiscal de la nación Delia Espinoza.

En este sentido, en el oficio, la titular del Ministerio Público indicó a la jefa de Estado que «la formalización minera constituye un aspecto esencial de política pública que incide en la prevención de la minería y otras actividades ilegales conexas, como el crimen organizado, lavado de activos, trata de personas, corrupción, entre otros; lo que exige una respuesta articulada que incorpore desde su diseño el componente penal».

«En ese contexto, nos preocupa y causa extrañeza que el Ministerio Público no ha sido convocado a esta mesa de trabajo», dice el documento.

«Esta decisión -al haberse convocado a otras entidades del sistema de justicia como el Poder Judicial- representa un riesgo para la eficiencia y legitimidad de la política pública que se pretende formular, pues nuestra participación como órgano constitucional encargado de dirigir la investigación del delito y ejercer la acción penal, resulta coherente con la necesidad de asegurar que cualquier proceso de formalización minera se fundamente en la legalidad, transparencia institucional y la sostenibilidad del estado de derecho», agrega.

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