El Poder Ejecutivo ha prorrogado por 30 días calendario, a partir del 21 de noviembre de 2025, el estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, con el fin de reforzar la lucha contra la criminalidad y la violencia.
Durante esta prórroga, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 132-2025-PCM, implica la restricción temporal de derechos constitucionales clave, como la inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito y reunión.
La normativa, publicada en Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que la restricción de derechos fundamentales se aplica en lo concerniente a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, y la libertad y seguridad personales.
Respecto a la realización de actividades masivas de carácter religioso, cultural, deportivo y no deportivo, la norma establece que estas requerirán la solicitud de permiso ante las autoridades competentes para su evaluación.
Esta solicitud deberá acogerse al artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, y la normatividad vigente. Por el contrario, las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo.
Vigencia y rendición de cuentas
Se ha dispuesto que, durante la prórroga, se mantendrán vigentes medidas complementarias que buscan optimizar el estado de emergencia, incluyendo el control territorial con tecnología satelital, la aplicación de nuevas restricciones en los establecimientos penitenciarios y la participación operativa de cadetes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, el decreto establece que el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) debe informar al Ministerio del Interior, en un plazo de cinco días hábiles tras el término de la emergencia, los resultados obtenidos. Este informe final será elevado a la Presidencia de la República, el Congreso de la República y el Poder Judicial, junto con las recomendaciones correspondientes.
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