AME8293. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 25/01/2026.- Mujeres sostienen carteles durante una manifestación contra los "retrocesos democráticos" que atribuyen al Gobierno de Nayib Bukele, este domingo en San Salvador (El Salvador). La protesta, que se enmarcó en el 34 aniversario de la firma de los acuerdos que pusieron fin a una guerra civil de 12 años (1980-1992), recorrió las principales calles entre reclamos por miles de despidos del sector público, la deuda de pensiones, la detención de personas sin nexos con pandillas y el supuesto debilitamiento de las instituciones. EFE/ Rodrigo Sura
Diversas organizaciones sociales, sindicales y comunitarias se movilizaron este domingo en San Salvador para conmemorar el 34 aniversario de los Acuerdos de Paz, firmados el 16 de enero de 1992. Durante la jornada, los manifestantes expresaron su rechazo a la continuidad del régimen de excepción, medida que cumple más de tres años de vigencia, y señalaron un presunto debilitamiento de las instituciones democráticas y judiciales creadas tras el fin del conflicto armado.
La marcha, que partió del Parque Cuscatlán hacia el Centro Histórico, sirvió como plataforma para exigir el respeto al debido proceso y la liberación de figuras específicas detenidas durante el último año.
Voceros de movimientos como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) afirmaron que instituciones como la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional Civil han perdido su enfoque original de protección ciudadana. Según los organizadores, la actual administración del Estado ha centralizado funciones que, a su juicio, coartan la independencia judicial y vulneran los derechos de sectores vulnerables. Samuel Ramírez, representante de Movir, señaló que existen aproximadamente 90,000 detenciones bajo el régimen de excepción, cuestionando la falta de garantías legales en una proporción considerable de estos casos.
Demandas de liberación y temas ambientales
Un punto central de la movilización fue la exigencia de libertad para el abogado Enrique Anaya y la jefa anticorrupción de Cristosal, Ruth López, ambos detenidos a mediados de 2025. Los participantes calificaron estas capturas como injustas y vinculadas a su labor de defensa de derechos. Paralelamente, la marcha integró reclamos ecológicos, solicitando la derogación de la Ley de Minería Metálica ante el riesgo que representa para zonas de importancia ambiental como el Bosque El Espino.
Representantes de más de 40 comunidades enfatizaron que, si bien la democracia derivada de los acuerdos ha sido insuficiente para resolver problemas estructurales, esto no justifica un retroceso hacia modelos totalitarios.
En su lugar, propusieron la transición hacia una democracia participativa donde la población tenga incidencia directa en las decisiones estatales. La actividad concluyó recordando el impacto de la guerra civil (1980-1992), que dejó un saldo de 75,000 fallecidos y 8,000 desaparecidos, subrayando la necesidad de mantener vigente la memoria histórica para evitar la repetición de hechos violentos.
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