La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional histórica para habilitar la cadena perpetua, eliminando la prohibición de penas perpetuas establecida en el artículo 27 de la Constitución. La modificación, impulsada por el Ejecutivo y aprobada mediante dispensa de trámite, establece que esta sanción se aplicará exclusivamente a los delitos de homicidio, violación y terrorismo. Esta medida busca otorgar un carácter irreversible a los cambios en materia de seguridad pública, según argumentó el gabinete de seguridad durante la presentación de la iniciativa.
Proceso legislativo y reformas complementarias
Aunque la propuesta emanó del Órgano Ejecutivo, fue ingresada con el respaldo de 57 diputados de Nuevas Ideas para cumplir con los requisitos constitucionales. Tras su aprobación inicial con 59 votos a favor (incluyendo partidos de oposición como ARENA), la ratificación pasó de inmediato a la Comisión Política.
Este movimiento legislativo se complementa con un paquete de reformas a cuatro cuerpos normativos fundamentales: el Código Penal, la Ley Contra Actos de Terrorismo, la Ley Penal Juvenil y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
Alcance de las nuevas sanciones
Las reformas propuestas introducen cambios profundos en el sistema de justicia penal salvadoreño, destacando los siguientes puntos:
- Inclusión de Menores de Edad: La reforma a la Ley Penal Juvenil estipula que los menores podrán ser condenados a cadena perpetua, aunque sujetos a un mecanismo de revisión de pena.
- Redefinición de Terrorismo: Se modificará el concepto de organizaciones terroristas para permitir la aplicación de la pena perpetua a sus integrantes.
- Control y Revisión: El Código Penal incorporará un régimen de libertad controlada y condiciones específicas para la revisión de las sentencias de por vida.
- Rechazo a la Castración Química: Durante la sesión, se descartó una propuesta de la oposición para incluir la castración química en la Ley Penitenciaria para violadores, al no obtener los votos necesarios.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la reforma como una herramienta necesaria para garantizar que criminales de alta peligrosidad no regresen a las calles. No obstante, la medida se produce en un contexto de críticas internacionales por parte de organizaciones de derechos humanos, que han denunciado irregularidades y violaciones al debido proceso bajo el régimen de excepción vigente. La celeridad del proceso, sin discusión previa en el pleno ni publicación inmediata en el Diario Oficial antes de su envío a comisión, marca la pauta de esta transición hacia un modelo punitivo más severo.
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