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Bajo sospecha: Padre de Adrián Villar implicado en red inmobiliaria de gerente procesado por estafa.
La figura de Rubén Villar, padre de Adrián Villar y pareja de la periodista Marisel Linares, ha cobrado relevancia pública tras el caso de la deportista Lizeth Marzano. Las investigaciones periodísticas han desplazado el foco del accidente protagonizado por su hijo hacia los movimientos financieros e inmobiliarios de Villar, un antiguo camarógrafo cuyo estilo de vida no coincide con su historial bancario insolvente.
La cuestionada ruta de la propiedad en Miraflores
Uno de los hallazgos más críticos es una serie de transferencias sospechosas de un inmueble en Miraflores. En 2015, la propiedad pasó de una pareja de adultos mayores a un empleado de seguridad por 120 mil soles, quien rápidamente la cedió a su hija. Finalmente, Rubén Villar la adquirió por solo 50 mil soles, un monto significativamente menor al valor de mercado, lo que sugiere un posible esquema de triangulación de activos.
En 2016, Villar donó dicha propiedad a Masterhome Grupo Inmobiliaria, cuyo gerente, Marco Antonio Ávalos, fue detenido en noviembre de 2025 por estafa. Este nexo refuerza la hipótesis de un esquema de adquisición de predios mediante intermediarios y donaciones fraudulentas. En ciertos círculos, a Villar se le conoce con el alias de «El Pituco», apodo que se vincula a su presunto rol como testaferro o fachada en entornos sociales de alto nivel.
Inconsistencias financieras y empresariales
La situación patrimonial de Villar presenta contradicciones severas que han alertado a los especialistas:
- Empresas fachada: Fue titular de Inversiones R Froletz S.A.C., una compañía con un objeto social excesivamente amplio y sin rubro definido, la cual fue dada de baja de oficio en 2024.
- Alerta en Infocorp: A pesar de manejar inmuebles de lujo y registrar viajes al exterior, Villar figura en máxima alerta crediticia y carece de tarjetas de crédito activas.
- Perfil de riesgo: La falta de respaldo bancario sólido frente a operaciones de alto valor sugiere el uso de mecanismos de ocultamiento de bienes que la fiscalía continúa rastreando.
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