La ex-mandataria Dina Boluarte enfrenta un panorama judicial crítico tras su salida del cargo y la pérdida de su inmunidad. De acuerdo con la Ley del Servicio Civil, Boluarte está obligada a reembolsar al Estado la totalidad de los fondos destinados a su defensa legal si, al concluir los procesos, se determina su responsabilidad penal mediante una sentencia firme.
Actualmente, el Despacho Presidencial ha evaluado cinco solicitudes de financiamiento, aceptando cuatro y rechazando una.
Rechazo de financiamiento en el caso de enriquecimiento ilícito
El Estado peruano, mediante la Resolución Subsecretaría General N.° 000015-2026-DP/SSG, declaró improcedente el pago de la defensa de Boluarte en la investigación por enriquecimiento ilícito agravado. El fundamento principal es que el presunto incremento patrimonial no justificado -estimado en más de medio millón de soles entre marzo y diciembre de 2024- constituye un delito de carácter personal y no una acción derivada del ejercicio regular de sus funciones presidenciales.
A diferencia del caso anterior, el Ejecutivo aprobó el financiamiento para cuatro investigaciones que sí se consideran vinculadas a su gestión:
- Lesiones graves y leves: Relacionadas con la presunta omisión de medidas de seguridad durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
- Cohecho pasivo propio: Vinculado a la recepción de relojes y joyas de lujo presuntamente entregados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de beneficios políticos.
- Falsedad genérica: Caso que investiga la supuesta suscripción de documentos oficiales mientras se encontraba en recuperación tras una cirugía estética.
Condiciones y supervisión del beneficio
La Oficina General de Administración será la encargada de gestionar las contrataciones de abogados y supervisar anualmente el uso de los recursos. Es importante destacar que este beneficio es provisional: si la justicia confirma su culpabilidad, la normativa de Servir activa automáticamente el mecanismo de restitución de fondos para evitar el perjuicio económico al Tesoro Público.
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