El ministro de Economía expresó su disconformidad con el dictamen que no ha tomado en consideración la asistencia técnica del MEF
Enfatizó que no se busca rechazar la atención de necesidades de los ciudadanos, pero éstos pedidos deben estar debidamente financiados
El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, manifestó su disconformidad con el dictamen del Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2023 propuesto por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República porque vulnera el equilibrio presupuestario y afecta la atención de medidas programadas en el Proyecto de Ley para el próximo año, por lo que el MEF no puede dar su conformidad al referido dictamen.
Durante su participación en la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, convocada esta mañana para debatir el dictamen del PL de Presupuesto 2023; el ministro Burneo enfatizó que, de ninguna manera, el MEF tiene la intención de rechazar la atención de las necesidades de los ciudadanos, como las ollas comunes o programas sociales.
“No estamos en contra de ello (…) Lo equivocado sería que se agregaran una serie de temas que no tienen financiamiento, y de esa manera desfinanciar una serie de obligaciones a cargo de los pliegos”, explicó.
El ministro indicó que se han incorporado disposiciones que no están previstas en el proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo. “La Comisión de Presupuesto del Congreso de la República ha incorporado 09 disposiciones Complementarias Finales, que implican un gasto adicional de S/ 1,164.4 millones con cargo a la Reserva de Contingencia, los cuales no están previstos en el proyecto de Ley que presentó el Ejecutivo en el mes de agosto”, indicó el ministro.
Agregó que adicionalmente, la Comisión de Presupuesto ha incluido artículos que disponen del presupuesto de entidades como el Ministerio del Interior (cambio de categoría de personal suboficial) y el Ministerio de Salud (medidas remunerativas y nombramientos adicionales), estableciendo compromisos que no se encuentran programados en el proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo.
Por ello, añadió el ministro, la atención de las medidas mencionadas generarán el incumplimiento de obligaciones y servicios a la población, lo que, a futuro, demandará mayores recursos al Tesoro Público.
Indicó que la atención del gasto adicional total propuesto por la Comisión de Presupuesto implica afectar los recursos que por ley debe tener la Reserva de Contingencia para la atención de emergencias o hechos coyunturales, así como diversos gastos que por su naturaleza no se pudieron asignar en el proceso de formulación, como situaciones de emergencia sanitaria, desastres naturales (lluvias, inundaciones, sismos, etc.) u otros shocks externos. El monto para financiar estos gastos no puede ser menor al 1% en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (S/ 1,415 MM en el PL 2023), conforme lo exige el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440.
Adicionalmente, indicó que en la Reserva de Contingencia se ha previsto los recursos para la atención de sentencias judiciales, continuidad de obligaciones remunerativas, pensionarias, sostenibilidad de contratación de personal CAS COVID que pasa a CAS regular (el cual asciende a S/ 2,202 millones), demandas adicionales del Congreso e inversiones no previstas. Por lo que, no es posible financiar, con cargo a la Reserva de Contingencia, las medidas incorporadas por la Comisión de Presupuesto en el dictamen del Proyecto de Ley de Presupuesto 2023.
“Como MEF, por supuesto que reconocemos la importancia de las medidas propuestas, es por ello, que el equipo técnico del MEF ha recomendado que se establezcan disposiciones que permitan a las entidades a cargo financiar dichas medidas, autorizando modificaciones presupuestarias, en el marco de la eficiencia del gasto, que permitan redistribuir sus recursos y atender dichas propuestas. Sin embargo, la Comisión no ha considerado la recomendación técnica del MEF”, enfatizó el ministro.
De otro lado, el ministro advirtió que se está incluyendo una disposición que pretende derogar el DS 043-2022-EF, que en realidad lo único que hace es operativizar el Decreto Legislativo 1441, aprobado en el año 2018. Esto tiene incidencia directa en la determinación de los montos correspondientes a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR), lo cual se define en las fases de Programación y Formulación Presupuestaria. Asimismo, descartó que con la implementación del DS 043-2022-EF las entidades van a perder sus recursos y explicó que, por el contrario, va a solucionar los problemas de liquidez a inicios de año. “No hay ningún perjuicio financiero para las entidades, por el contrario, [desde la primera semana de enero] se les está asegurando liquidez”, precisó.
Finalmente, el equipo técnico del MEF señaló que la medida planteada por el Congreso implicaría un contratiempo en la operatividad de las entidades, debido a los trámites administrativos y modificaciones en el sistema que implicaría dicha derogación, retrasando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la entrega de servicios a la población.
Se suspendió debate de dictámenes de PL de Impulso Perú
Luego de que la Comisión de Presupuesto sometió al voto y se aprobó el dictamen del Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 propuesto por ellos, sin tomar en cuenta la asistencia técnica del MEF; el presidente de la Comisión, José Luna, suspendió la sesión que se había programado para evaluar los dictámenes de los proyectos de ley que forman parte del plan de reactivación económica Impulso Perú.
El ministro Burneo expresó su malestar por esta actitud de la Comisión de Presupuesto, porque expresa su intención de obstaculizar la aprobación de medidas que buscan reactivar la economía y que son fundamentales para el crecimiento de la producción y la generación de empleo. Actualmente hay más de 250 mil puestos de trabajo que se podrían generar con las medidas de Impulso Perú que están en manos de la Comisión de presupuesto.
Asimismo, expresó su preocupación por la dilatación de la aprobación del proyecto de ley que aprueba la asignación de recursos para el Fondo de Estabilización de Precio de Combustibles, medida indispensable para mitigar la volatilidad del precio internacional de combustibles y asegurar que no se incrementen los precios de los combustibles en perjuicio de la población.
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