Foto: Andina
La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló la banda criminal “El Hampa”, que secuestró al trabajador de una empresa y exigía S/30 000 por su liberación, en el Callao.
Gracias a la formalización de la denuncia, y producto del rápido accionar del personal policial, se logró la captura de cinco integrantes de esta banda criminal, la cual tendría vínculos con la organización criminal transnacional “Tren de Aragua”.
El comandante general de la Policía Nacional, general PNP Óscar Arriola, dijo que la víctima fue privada de su libertad por 12 horas, una nueva modalidad delictiva, denominada “secuestro exprés”.
Desde la sede de la Dirincri, en el Cercado de Lima, el general Arriola dio cuenta también de la captura de cinco integrantes de la red criminal “La Nueva Jauría”, dedicada al raqueteo a mano armada en San Juan de Miraflores. A los detenidos se les incautó un arma de fuego, municiones, celulares y un vehículo.
En el marco del estado de emergencia, las operaciones de control territorial en Lima Metropolitana y el Callao movilizaron a efectivos de diversas unidades policiales, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
En el Rímac, la PNP logró la intervención de más de 700 ciudadanos extranjeros, quienes fueron trasladados al complejo policial Los Cibeles para la verificación de su situación migratoria por el personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones, con el apoyo de la Policía de Extranjería.
El superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares, explicó que los extranjeros en condición de ilegalidad o que representen una amenaza a la seguridad nacional serán sometidos al Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) para su pronta expulsión del país.
Solo en este distrito de Lima Centro y en Santa Anita se movilizaron más de 400 agentes policiales y 40 integrantes del Ejército, quienes realizaron labores de patrullaje preventivo, inteligencia operativa y control de identidad.
El operativo fue liderado por el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Francisco Vargas, y supervisado por el ministro del Ambiente, Miguel Espichán; el director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior, Juan Gil; y el asesor del Viceministerio de Orden Interno, Juan Pedrera.
Acerca del autor
