En debate poropuestas para reforma del CNM

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ANALIZAN PROPUESTAS DE REFORMA DEL CNM Congresista Gino Costa encabeza una reunión de trabajo para intercambiar opiniones y recibir aportes relacionados con los proyectos de ley presentados sobre la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El grupo de trabajo de la Comisión de Constitución que preside el congresista Gino Costa Santolalla se reunió esta mañana con varios exmagistrados a fin de intercambiar opiniones y recibir aportes relacionados con los proyectos de ley sobre la Reforma Constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura.

En la referida mesa de trabajo, participó ex ministro de Justicia, Fausto Alvarado Dodero; la ex magistrada, Ines Tello de Ñecco; el ex fiscal supremo, Víctor Cubas Villanueva; el jurista Javier de Belaúnde López de Romaña; y los especialistas Gonzalo García Núñez, Ernesto de la Jara, Max Cárdenas Díaz, entre otros.

También se sumó la congresista Ursula Letona Pereyra, presidenta de la Comisión Constitución y Reglamento del Poder Legislativo. El evento se desarrolló hoy miércoles 25 de Abril, en la Sala Luis Bedoya Reyes, edificio Víctor Raúl Haya de la Torres.

Las iniciativas legislativas proponen modificar los artículos 154, 155 y 156 de la Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú de 1993, sobre la conformación y requisitos para ser miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

De acuerdo al cuadro comparativo, se tocó primero el punto del artículo 154 donde en el tercer párrafo la propuesta sería “Imponer a los jueces y fiscales de todos los niveles la suspensión y destitución en segunda instancia”. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable.

El ex fiscal supremo Víctor Cubas hizo una observación al preguntarse quién investigaría la conducta funcional de los magistrados, respondiéndose él mismo que ellos no lo podrían hacer. “No creo que pueda ocurrir, pues el CNM no puede controlar a los magistrados”, enfatizó.

Luego, la ex magistrada Inés Tello indicó que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) no funciona. También, hizo la pregunta de cuándo se ha sancionado a un fiscal supremo, señalando que no se puede permitir que un juez maltrate al litigante.

El penalista Max Cárdenas, comentó que a su juicio personal, le parecía un retroceso en el campo disciplinario. No se puede destituir, solo se ejecutan sanciones menores que ni siquiera se aplican. “Nadie se investiga a sí mismo. Nada se resuelve quitándole funciones al CNM. Hay ilustres y calificados abogados que pueden ser invitados al Consejo”, opinó.

El especialista Ernesto de La Jara, fue más escueto y relacionó su comentario con la frase “Otorongo no come Otorongo”, al referirse que entre magistrados no se sancionan ni destituyen.

Representando al Instituto de Defensa Legal (IDL), Cruz Silva del Carpio dijo que los jueces supremos no pueden hacer un autocontrol. “Sin embargo, es importante  ver además las funciones en el Consejo Nacional de la Magistratura”, manifestó.

El reconocido jurista Javier de Belaúnde López de Romaña, afirmó que en este momento no hay condiciones. Si estoy de acuerdo en modificar y resolver problemas, pero no retroceder.

“Es un tema de funciones de control. En el nombramiento de jueces y fiscales hay influencia política. Con una enorme responsabilidad de la sociedad civil que ha fallado. Hay una crisis institucional, y se tiene que poner requisitos para ser del CNM. Pero es mejorable el tema disciplinario”, refirió.

La presidenta de la Comisión Constitución y Reglamento, congresista Ursula Letona sostuvo que era el tercer dictamen que se va a debatir. “Pero hay un diálogo multisectorial para tener mejores jueces y mejores fiscales. Las conclusiones, serán analizadas”, expresó.

Finalmente, se debatieron los artículos 155 y 156, donde los especialistas en la materia, tuvieron opiniones divididas, pero llegando a la conclusión de definir bien los perfiles de los magistrados postulantes, como a su vez los abogados deben tener su representante, las votaciones no deben ser universales, y que los requisitos de los postulantes deben ser rigurosos en los antecedentes laborales, como su experiencia en función pública.