El procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y antiguo abogado de Javier Milei, marca un punto de inflexión en la investigación sobre una presunta asociación ilícita enquistada en el Estado.
El juez federal Sebastián Casanello dictó la medida tras detectar un entramado de corrupción institucional que desvió fondos públicos destinados a personas vulnerables mediante sobreprecios en medicamentos y sobornos. La resolución incluye embargos históricos de hasta 202.000 millones de pesos y advierte que la red criminal podría haber extendido sus operaciones a otras áreas oficiales, manteniendo bajo sospecha a figuras de la Casa Rosada.
El rol de Spagnuolo y la estructura criminal
La justicia sitúa a Diego Spagnuolo como el líder de una organización que cooptó la ANDIS para fines delictivos, imputándole cargos de negociaciones incompatibles, defraudación agravada y cohecho pasivo. Según el fallo, el exfuncionario supervisó el direccionamiento de compras de insumos médicos de alto costo (PACBI) para favorecer a droguerías específicas. Empresarios como Pablo Atchabahián y Miguel Ángel Calvete fueron señalados como jefes paraestatales que influían directamente en las decisiones del organismo.
La investigación sostiene que Spagnuolo recibió dinero ilícito, documentándose entregas de hasta 5 millones de pesos en efectivo y el manejo de fondos espurios. Respecto a los vínculos políticos, la denuncia original mencionaba supuestos retornos que habrían salpicado a Karina Milei, aunque el juez basó su procesamiento en pruebas documentales y testimoniales independientes de los audios filtrados.
Intervención de empresas y nuevos imputados
Para preservar los activos y evitar maniobras de ocultamiento, el magistrado ordenó una medida de no innovar sobre las firmas involucradas y designó interventores informantes en las empresas Profarma, Génesis, New Farma y Droguería Floresta.
El juez también citó a declarar a otros seis sospechosos, entre los que destaca el empresario aeronáutico Sergio Mastropietro, titular de Baires Fly, quien es sospechado de facilitar la circulación de dinero ilícito mediante facturación simulada. El fallo subraya que Spagnuolo mantuvo una ceguera pretendida ante las advertencias de irregularidades, ignorando incluso correos electrónicos formales de proveedores que denunciaban los manejos fraudulentos en el programa Incluir Salud.
Los abogados defensores, encabezados por Mauricio D’Alessandro, confirmaron que apelarán la medida argumentando que el juez no validó la autenticidad de los audios que dieron origen mediático a la causa. La defensa busca invalidar la instrucción técnica, sin embargo, el magistrado avanzó basándose en la reconstrucción del esquema a través de registros contables y declaraciones bajo juramento.
El fallo es contundente al describir a la ANDIS como una institución que fue empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización en claro desmedro de la finalidad pública de proteger a las personas con discapacidad.
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