El congresista de Peruanos por el Kambio, Vicente Zeballos, afirmó que el Congreso de tener como una prioridad la reforma electoral en la próxima legislatura, al tiempo que es necesario promover la producción legislativa que impulse el progreso. Desde su punto de vista, se cumplió un buen papel en el control constitucional.
Ha culminado el primer año de actividad legislativa en el Congreso de la República, ¿cuál es el balance que haría de esta labor?
–Si bien el Parlamento ha tenido una producción legislativa importante, como así lo ha manifestado la presidenta del Congreso, Luz Salgado, al dar su mensaje final, hay que resaltar el gran número de proyectos de ley aprobados en el pleno y en las distintas comisiones. Los proyectos han tenido una característica: en su gran mayoría son de necesidad pública e interés nacional. En la Comisión de Transportes, por ejemplo, de 120 proyectos de ley planteados por iniciativas de los parlamentarios, más de la mitad, 66 con precisión, tienen esa calificación. Hemos visto que esta tendencia también se da en otras comisiones. Son documentos que pretenden recoger una expectativa legítima de los ciudadanos que quieren llamar la atención del Ejecutivo, pero en el fondo no dejan de ser normas declarativas.
Esto nos llama la atención, cuando hay materias mucho más sustantivas que podrían ser abordadas, discutidas y aprobadas.
¿Considera que se está yendo por el camino más fácil?
–Creo que estamos distorsionando un poco el rol de producción normativo y se está dando demasiado interés en esta labor. Además, con estas normas hay que tener cuidado porque se puede generar en la ciudadanía una especie de expectativa en demasía.
¿Por qué razón?
–Porque se trata de un gesto de intención. No es una norma vinculante ni mucho menos obligatoria, y nosotros [la bancada PPK], de manera reiterada en el pleno y en las distintas comisiones, hemos puesto de manifiesto esta observación. Además, me parece sumamente peligroso, porque de una u otra manera podría generar una especie de cargamontón en responsabilidades, tanto para el Parlamento como para el Poder Ejecutivo.
¿Cree que el Congreso ha optado por hacer una función fiscalizadora antes que tener una mejor producción legislativa?
–En este primer año, [el Parlamento] se presentó ante la ciudadanía más como un espacio de fiscalización y control. Ahora, el Legislativo no puede renunciar a su rol fiscalizador y de control político. Hubo buenos ejemplos, como en el tema de control constitucional, que tuvo un trabajo bastante auspicioso. Yo he sido parte del grupo de trabajo de la Comisión de Constitución, en la que revisamos 112 decretos legislativos y un número importante de tratados y convenios internacionales. Creo que el Parlamento está tratando de reacondicionarse, pero aún tiene una debilidad, debe abordar leyes que contengan los problemas sustantivos para el país.
¿Hay una deuda pendiente por no haber aprobado la reforma electoral?
–Definitivamente. Creo que hay un clamor ciudadano en este tema. Y el propio sistema electoral, por medio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Transparencia y Proética, como distintas entidades públicas y privadas así lo han manifestado. Más aún cuando las elecciones del año pasado tuvieron un marco normativo bastante débil y contradictorio. Este proceso de elecciones generales generó desconfianza en los ciudadanos. Nosotros advertimos de ese negativo antecedente al instalarse la Comisión de Constitución. Señalamos este problema y dijimos que era responsabilidad del Parlamento promover la reforma electoral. Se constituyó un grupo de trabajo y el producto final lo tuvimos, pero lamentablemente no hubo la voluntad de abordar de manera integral la reforma electoral, sino por ejes temáticos. Si bien fue un buen intento, al final hubo razón porque no se avanzó nada y, es más, estamos a la vuelta de la esquina para las elecciones regionales y municipales, y tenemos un marco normativo debilitado, insuficiente y que puede generar algún nivel de conflicto. Hay otro tema importante que no hemos visto, que es la reforma política. No
se abordó, por ejemplo, el posicionamiento del rol de los procuradores públicos. No se trabajó en la reconstitución de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y no se mejoraron las potestades que tiene el Tribunal Constitucional (TC).
¿Tiene expectativas de que esto cambie en la próxima legislatura?
–Creo que hemos tenido falencias. Esperamos que se le dé la importancia que amerita a este tipo de temas fundamentales para la institucionalidad. En la próxima legislatura se podrían priorizar aspectos vitales. Tenemos que trabajar con un calendario en una mano y con el reloj en la otra porque cada vez que se evidencia una crisis se ponen de manifiesto las debilidades en la parte orgánica y constitucional.
Parlamento Andino
¿Por qué razón planteó la revisión de la elección de los representantes al Parlamento Andino?
—En este espacio, que busca soluciones para los países andinos, nos quedamos solo en el diagnóstico, es decir, no damos el paso trascendental de regularlo mediante un marco normativo. Ni siquiera hay mecanismos para que algunas iniciativas de los representantes andinos puedan ser recogidas por el Congreso ordinario de cada país. La población, además, no sabe cuál es la función de este Parlamento, y cuando lo sabe, se entera de que sus decisiones no tienen carácter vinculante u obligatorio, y lo que es más grave todavía, es que genera un gasto para el Estado y lo asume el Legislativo. Entonces, creo que se hace necesaria su revisión. Yo he planteado una iniciativa para que se designen delegados por cada nación.
(Fuente: Andina)
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