El pleno del Congreso inició el debate de la acusación constitucional contra Edgar Alarcón, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado.
La denuncia constitucional 371 fue presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por actos cometidos en su condición de excontralor de la República.
Alarcón Tejada se encuentra en Hemiciclo del Congreso junto con su abogada la excongresista Rosa María Bartra.
La sustentación del informe final de la referida denuncia lo viene realizando la congresista Felicita Tocto, quien indicó que este caso nace luego de una acusación por parte de la Fiscalía de la Nación, respecto a su calidad de excontralor general de la República.
En ese sentido, indicó que a Alarcón se le imputa un desbalance patrimonial, es decir, «menores ingresos y mayores gastos», por mas de 201,3337.24 soles y por la existencia de 21 depósitos bancarizados de origen desconocidos por más de 275,644.90 soles.
«Por ello, estamos hablando de la comisión del potencial delito de enriquecimiento ilícito y por su calidad de contralor es un agravante para lo previsto en el artículo 401 del Código Penal», señaló.
Como se recuerda, en la víspera Alarcón Tejada pidió una nueva reprogramación de la vista de este caso arguyendo falta de tiempo de preparación para su defensa legal, solicitud que fue denegada por la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez.
Acuerdo
Tras la exposición del informe final, la abogada Rosa María Bartra solicitó una reprogramación para que se le otorgue un plazo razonable para poder ver la defensa legal de Alarcón Tejada.
Al respecto, la titular del Congreso, Mirtha Vásquez señaló que la Mesa Directiva tomó una decisión sobre este pedido a través del Acuerdo 119, en el que se declara como válida y de plenos efectos jurídicos la notificación de la citación a Edgar Alarcón.
Asimismo, en caso de que Alarcón y su abogada no cumplen con presentarse, o si se presentan y no ejercen el derecho a la defensa, esta se califica como «injustificada».
Este acuerdo logró la aprobación del pleno por 92 votos a favor, cero en contra y 10 abstenciones.
Fuente: Agencia Andina
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